SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La decisión jurídica del Tribunal Constitucional en virtud de cual se ratifica que los hijos de extranjeros en tránsito en el país no son dominicanos, abre un amplio debate en el país con inevitables repercusiones a nivel de la comunidad internacional.
En el orden local, el temor es que esto pueda desencadenar una oleada de discriminación y persecuciones en un futuro no muy lejano, lo que nos expondría a serios cuestionamientos en organismos defensores de los derechos humanos.
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Para los nacidos en este país de ascendencia haitiana, este dictamen es un golpe con efectos incalculables.
Hablamos de los cientos, hasta miles de personas que reclaman la nacionalidad dominicana, alegando que cuentan con sus actas de nacimiento como cualquier otro dominicano.
Es decir, que fueron inscritos en el registro civil por sus padres, como lo fue Juliana Deguis Pierre, y las oficialías les aceptaron dichos registros.
En ese entonces no les dijeron que el proceso era irregular.
No cabe la menor duda que las condiciones para el otorgamiento de la nacionalidad han sido reconocidas como parte del dominio reservado o competencia nacional exclusiva del Estado, tal y como lo indica el Derecho Internacional Público desde hace casi un siglo.
Pero varias interrogantes en este caso desatan el debate.
¿Se tratarán a todos los extranjeros igual con esta nueva medida, o se aplicará sólo a nuestros vecinos haitianos? No es un secreto que si entra una persona de tez blanca a una oficialía civil al mismo tiempo que una persona de color, toda la cortesía y pleitesía se le rinde a la primera.
¿Al revisar todos los registros civiles, se le quitará la documentación a miles de personas que desde hace décadas cuentan con cédula y que sólo conocen esta tierra como su país?
Al condenarnos como nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de las niñas domínico haitianas Yean y Bosico, estableció claramente que la nacionalidad ha dejado de ser un simple atributo otorgado por el Estado a sus súbditos, porque se trata de un derecho fundamental en sí mismo.
¿Seremos condenados nuevamente ante organismos internacionales?
Un punto que mueve a meditación lo expuso la magistrada Katia Miguelina Jiménez, al disentir de la decisión del Tribunal Constitucional y advertir que, una vez creadas estas reglas, deben ser aplicadas a todos en condiciones de igualdad y sin discriminación, para lo cual habrá que situarse en el tiempo de vigencia de la ley, incluyendo a la Constitución.
De lo que no hay duda es que se ha sentado un precedente que generará debates interminables y consecuencias impredecibles sobre nuestra imagen como pueblo y como nación.