SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Mientras los ojos de la comunidad internacional y del mundo están puestos sobre nuestro país por el tratamiento a los inmigrantes extranjeros, aquí comienzan a producirse preocupantes señales cuando faltan solo ocho días para el cierre del proceso de regularización.
Las dramáticas escenas captadas por un aficionado en el momento en que agentes policiales perdieron el control en un centro de regularización en San Francisco de Macorís, al irrumpir violentamente al local mientras hacían fila, es un alerta de situaciones aún más complicadas que pueden darse con el paso de los días.
Lo que procede ante esta situación no es producir un estado de alarma, pero sí de razonable inquietud, en vista de la necesidad de evitar, a toda costa, que el descontrol pueda degenerar en hechos lamentables que nos pondrían en aprietos frente a las naciones que nos observan.
En modo alguno se pretende evitar, y ya el presidente Danilo Medina fijó claramente posición al respecto, que el gobierno siga adelante con el proceso previsto de proceder a deportaciones de los extranjeros que no hayan podido alcanzar un estatus migratorio cuando el plan finalice.
Como país soberano e independiente, la República Dominicana tiene derecho a trazar y ejecutar las políticas migratorias contempladas en sus leyes, pero en todo caso debe actuar con el debido tacto y la prudencia porque la coyuntura actual es sumamente delicada y las autoridades tienen el supremo deber de garantizar que este proceso concluya de forma ordenada y pacífica.
Se deben escoger los agentes mejor entrenados para manejar circunstancias difíciles y de mucha tensión y proveerlos de los medios indispensables ante la masiva presencia de extranjeros desesperados que no quieren quedarse fuera de la regularización.
El comedimiento, especialmente en lo que tiene que ver los derechos humanos, tiene que aplicarse por igual durante la ubicación de indocumentados, y en el trato en los centros de acogida en el período previo a las deportaciones, que deberán hacerse sin precipitación y evitando acciones aparatosas.
Este enfoque de cumplimiento con la ley puede hacerse de forma humana y respetuosa, teniendo presente el ferviente llamado del Papa Francisco a ser sensibles y solidarios frente al drama de inmigrantes pobres e indefensos.