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Presentan cargos en Panamá contra 23 personas por envenenamiento masivo

Presentan cargos en Panamá contra 23 personas por envenenamiento masivo
Presentan cargos en Panamá contra 23 personas por envenenamiento masivo

Procuraduría General de Panamá

Panamá, .- La Procuraduría General de Panamá formuló hoy cargos contra 23 personas por el caso del tóxico dietilenglicol, que causó 153 muertes, cuatro años después de que se produjera el envenenamiento masivo de usuarios del Seguro Social por tomar un fármaco contaminado con esa sustancia.

La lista de los encausados está encabezada por los ex directores de la Caja de Seguro Social (CSS) Juan Jované y René Luciani, quienes dirigieron esa institución cuando se compró y se elaboraron los fármacos, respectivamente, señaló una fuente judicial.

El procurador general, Giuseppe Bonissi, dijo a los periodistas que la petición fiscal fue presentada junto con los expedientes del caso a la Corte Suprema de Justicia, que determinará si se puede dar por completada la instrucción judicial.

“Es una vista fiscal mixta, muy completa, que abarca un resumen jurídico que señala cuáles son los elementos probatorios para hacer estas peticiones” de llamamiento a juicio, indicó Bonissi.

Señaló que también se pidió el procesamiento de los ex miembros de la junta directiva de la CSS Guillermo Puga y Lastenia Canto, mientras que se sobreseyó de manera provisional del caso al también ex directivo de esa institución José Agustín Preciado y a su ex director Rolando Villalaz.

En Panamá solo permanece detenido Ángel de la Cruz, gerente de la empresa Medicom, que fue la que suministró a la Caja del Seguro Social la glicerina envenenada que fue utilizada para elaborar los medicamentos.

El dietilenglicol, un alcohol industrial no apto para el consumo humano, fue utilizado en lugar de glicerina pura para la elaboración de varios fármacos en los laboratorios de la CSS, principalmente en los jarabes para la tos y, según estimaciones del Ministerio Público, fue consumido por al menos 6.000 personas.

Según las investigaciones, el origen del dietilenglicol fue China, país desde el que fue exportado por un pedido de la empresa española Rasfer Internacional, que a su vez lo reexportó a la panameña Medicom.

Por su parte, el fiscal superior especial de Panamá, Dimas Guevara, precisó a los periodistas que el expediente cuenta con 350 tomos de investigación y tiene más de 1.000 de anexo de pruebas.

Estos documentos contienen el historial clínico de más de 290 personas afectadas por el fármaco adulterado, entre ellas las 153 fallecidas y los sobrevivientes al envenenamiento que han sido confirmados por el momento.

El fiscal dijo que actualmente unas 1.400 personas están siendo evaluadas por los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias (IMEL) del Ministerio Público (MP), por lo que una vez concluyan los análisis, los resultados serán remitidos a la Corte Suprema.

“Este es un expediente que implica una serie de tomos. Ayer tuvimos que traer más de 70 cajas de investigación, y hoy se trajo la vista (fiscal) que condensa toda la investigación, y donde está establecido quiénes son las personas que deben ser encausadas criminalmente y quienes serán favorecidas”, aseveró Guevara.

El escándalo estalló en 2006, cuando empezaron a darse muertes de manera misteriosa entre los pacientes del Seguro Social, y pasó un tiempo hasta que se descubrió que todos ellos habían consumido medicamentos que contenían dietilenglicol.

La investigación sufrió un retraso de más de un año, cuando el expediente fue enviado a la Corte Suprema de Justicia por una acción judicial de los abogados defensores, tiempo en el que toda la investigación estuvo detenida.

Se sospecha que muchas de las más de 6.000 personas que el Ministerio Público cree que pudieron haber tomado las medicinas contaminadas siguen ignorando que resultaron afectadas.

La mayor parte de las víctimas y sus familiares se organizaron en torno al Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida, quienes le han solicitado al Gobierno una mejor atención y mecanismos más ágiles para la obtención de los medicamentos, que en ocasiones tardan semanas en ser adquiridos.

Este Comité considera que el número de afectados es muy superior a los más de 290 determinados por la investigación de la Fiscalía y que también las víctimas superan con creces los 153 muertos confirmados oficialmente.

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