En la década de los noventa del siglo pasado, luego de las transiciones a la democracia en América Latina, los estudios sobre política latinoamericana estuvieron marcados por el debate sobre presidencialismo y parlamentarismo, a partir de dos influyentes ensayos publicados por el politólogo español Juan Linz, profesor de la Universidad de Yale, titulados: “Los peligros del presidencialismo” y “Las virtudes del parlamentarismo”, en los cuales él argumentaba a favor de reemplazar el presidencialismo por el parlamentarismo en los sistemas políticos de los países de América Latina. Su tesis central consistió en que los regímenes presidenciales, por tener una legitimidad dual, ya que tanto el Presidente como los miembros del Poder Legislativo derivaban su autoridad directamente del pueblo, eran más propensos a generar crisis de gobernabilidad debido a que, con frecuencia, los Congresos o Parlamentos eran dominados por partidos políticos opositores al presidente de la República, lo que generaba confrontaciones insalvables, parálisis, ingobernabilidad y, en último término, el colapso del sistema de gobierno.
La preocupación central de Linz, así como la de otros autores con la misma línea de pensamiento, como Arturo Valenzuela de la Universidad de Georgetown, era cómo superar esas crisis entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que se registraban periódicamente en los países latinoamericanos y que afectaban la gobernabilidad y la calidad de la democracia. Como en el parlamentarismo el Primer Ministro no es escogido directamente por el pueblo, sino por el Parlamento, ellos entendieron que un régimen parlamentario era una mejor forma de gobierno que el régimen presidencial, pues aquél garantizaba que la mayoría parlamentaria sirviera de soporte al Primer Ministro. Estos autores también consideraron que en casos de crisis de legitimidad de la autoridad ejecutiva, el parlamentarismo disponía de un mecanismo flexible de sustitución pues solo bastaba con que la mayoría parlamentaria le quitara el apoyo al Primer Ministro y se lo diera a otro de sus miembros, mientras que en el presidencialismo el Presidente es electo por un período fijo y solo mediante un juicio político puede ser reemplazado de su puesto.
Ninguna fuerza política en América Latina se entusiasmó con la idea de cambiar el presidencialismo por el parlamentarismo a pesar de los tantos cambios constitucionales que se han producido en nuestra región desde principios de los años noventa. De hecho, en la discusión académica fueron más los que luego defendieron el presidencialismo en el contexto latinoamericano, y podría decirse que en la práctica, al menos en los últimos años, al régimen presidencial no le ha ido tan mal en la región. Muchos países han gozado de estabilidad y gobernabilidad; muchos presidentes han contado con el respaldo de mayorías legislativas, lo que ha evitado los “choques de trenes” entre el Ejecutivo y el Legislativo; y aún en los casos en que los Congresos o Parlamentos han estado dominados por partidos contrarios al del Ejecutivo, no se han producido crisis de gobernabilidad similares a las que se produjeron en países como Perú, Guatemala o Ecuador en la segunda mitad de los años noventa y principios de la década del dos mil.
La situación política de España tras las elecciones del 20 de diciembre hace pensar en esta cuestión del presidencialismo vs parlamentarismo, pero en este caso podría haber motivos para argumentar que un régimen presidencial le hubiera convenido a ese país en las presentes circunstancias. En efecto, de existir un régimen presidencial, el Partido Popular (PP) hubiera alcanzado la presidencia del gobierno, aunque no hubiera contado con una mayoría congresual o parlamentaria, tal como ocurre actualmente en Estados Unidos con un presidente demócrata y un congreso con mayoría republicana. Es lo que se llama gobierno dividido, tan común en Estados Unidos y otros países con regímenes presidenciales.
En cambio, como en España el presidente del gobierno es electo por el Congreso de los Diputados, y ningún partido tiene la mayoría absoluta para elegir a dicho presidente, ni se vislumbra por el momento la formación de un coalición de partidos que pueda formar una mayoría parlamentaria, lo más probable es que sea necesario que España pase por el trauma de tener que someterse a unas nuevas elecciones para ver si el pueblo resuelve en las urnas el impase político en el que se encuentra.
La situación política española pone de manifiesto algunas de las debilidades del parlamentarismo. Para que este funcione se requiere que el pueblo dé mayoría en el Parlamento a algún partido político, y si no lo hace, que los partidos estén abierto a la negociación para formar una coalición mayoritaria que evite una crisis de gobernabilidad. Ni una ni la otra ha sucedido en España. El pueblo no otorgó la mayoría a ningún partido, ni estos están abiertos a la negociación. El cuadro es el siguiente: el PP obtuvo la mayor cantidad de escaños, pero no la mayoría para formar gobierno. El Partidos Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo el segundo lugar, pero está decidido a evitar que el PP obtenga la presidencia del gobierno. El partido Podemos obtuvo el tercer lugar, pero no votará a favor del PP por ser su antagonista ideológico, aunque tampoco está preparado a formar gobierno con el PSOE ya que le pone como condición que apoye un referendo en Cataluña para determinar si esta se mantiene o se separa de España, lo cual el PSOE no puede hacer a menos que quiera perder su base de apoyo en el resto de España. Y, por último, la nueva organización Ciudadanos podría estar inclinada a apoyar el PP, pero sus votos no son suficientes para formar una mayoría gobernante. Los demás partidos son organizaciones regionales pequeñas cuyos escaños no son relevantes en la presente coyuntura.
La verdad es que tanto el presidencialismo como el parlamentarismo tienen sus ventajas y desventajas. El ejemplo de la presente coyuntura política española solo muestra que el parlamentarismo no siempre es una panacea como pensaron Linz, Valenzuela y otros autores. Cuando no se cumplen las premisas básicas sobre las cuales se sustenta esta forma de gobierno –mayoría definida a favor de un partido o coalición de partidos, capacidad de concertación entre fuerzas disímiles para formar mayoritarias gobernantes, entre otras, el parlamentarismo puede ser fuente de parálisis, inestabilidad e ingobernabilidad.
