El presidente DM está en mala racha, de escándalos, gestión política y fiscal

Danilo Medina luce cada vez más empantanado en el escándalo Odebrecht, los apremios fiscales suturados a golpe de endeudamiento, falso combate a la inseguridad, mayor mortalidad infantil, crisis de la seguridad social y sin poder dar salida a la Ley de Partidos

Acercándose a la mitad de su período, el gobierno del presidente Danilo Medina atraviesa una de sus peores rachas, cada vez más enredado en el escándalo de corrupción de Odebrecht, con apuros fiscales, llevando la deuda pública al borde de la insostenibilidad para financiar sus infortunadas plantas de carbón, mientras el peso se reduce a dos centavos de un dólar escaso.

Con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana sin poder superar su peor crisis, la posición del mandatario sigue obstruyendo la aprobación de la Ley de Partidos, mientras entra en crisis la seguridad social y se reporta un escandaloso incremento en el año de la mortalidad infantil, que avala los cuestionamientos a la gestión de la salud pública.

El pantano de Odebrecht
Todo parece indicar que el escándalo Odebrecht, que ha marchitado la primera mitad de su último período gubernamental, seguirá persiguiendo al presidente Danilo Medina sin respuesta a los indicadores que lo salpican y en medio del descrédito por la pobre investigación de su Ministerio Público.

El gobierno quedó atrapado con las revelaciones de cuatro diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con documentos de la Contraloría General de la República (CGR) que demuestran contrataciones públicas con los asesores de las campañas electorales que ejecutivos de la Odebrecht confesaron haber financiado, entre ellas las del presidente Medina. El secretario administrativo de la Presidencia y su director de Comunicaciones trataron de disminuir el nivel del escándalo, admitiendo que a Joao Santana y Mónica Moura se le pagaron 430 millones de pesos por asesorías y marketing político.

Los registros de 11 contratos, entregados por la CGR a requerimiento de los diputados demuestran que lo contratado con las empresas Polis Cribe y Cine&Art 2013, de Joao Santana y Mónica Moura, sobrepasaron los 1,300 millones de pesos, que comenzaron el primer día del gobierno de Medina en agosto del 2012, y se extendían hasta diciembre del 2016. Los libramientos 7231, 7236 y 7587 de la Contraloría autorizaron pagos hasta enero del 2017, estos tres por 24 millones 451 mil pesos, 11 meses después la pareja dejó la asesoría a Medina en febrero del 2016, para ser condenados en Brasil por su implicación en el escándalo Odebrecht.

Nada que transparentar
Tanto en la respuesta de funcionarios palaciegos como en la reacción de la mayoría peledeísta que controla la Cámara de Diputados, resalta su negativa a dilucidar el contenido de los papeles certificados por la CGR y a aceptar el requerimiento de los cuatro legisladores de crear una comisión que investigue contratos “para asesoría en marketing, comunicación y planificación de campaña” un asunto que salpica al propio presidente Medina, al tratarse de los asesores políticos de sus dos campañas electorales. La admisión de pagos por 430.5 millones de pesos, debería obligar a una minuciosa rendición de cuentas, al implicar posible violación de la ley de Compras y Contrataciones y uso político de fondos públicos.

Al menos podrían haber detallado cómo y por qué sólo pagaron esa suma, cuando contrataron fueron por más de 1,300 millones de pesos, incluyendo 4 en años sucesivos a razón a razón de 100 mil dólares mensuales. Más aún porque una relación de erogaciones del Ministerio de Educación indica que allí también pagaron a la empresa Cine&Arte 2013, una de las dos involucradas,16 millones 800 mil pesos en noviembre del 2014. Los documentos de la CGR deberían ser respondidos también con documentos y no con afirmaciones descalificativas.

Con su negativa a investigar la Cámara de Diputados, desaprovechó la oportunidad para demostrar que los documentos eran falsos como afirmó su presidente Rubén Maldonado, y renunció al deber de fiscalización de los gastos públicos que le ordena la Constitución, ratificando la pobreza institucional y la precariedad de la democracia dominicana.

La espina de las plantas
Los papeles de la Contraloría pusieron en apuros al gobierno, cuando trata de completar el financiamiento de las cuestionadas plantas eléctricas de carbón de Punta Catalina para concluirlas al margen del reclamo de otros 708 millones de dólares que le ha formulado Odebrecht. A eso se atribuye, en parte, la colocación de bonos por 1,300 millones de dólares de la semana pasada, que a la vez alivia la escasez de divisas racionadas para administrar la devaluación del peso que ya llega a 50 por dólar, la que esta semana generó una exigencia pública de la Asociación de Industriales de Herrera al Banco Central para que los empresarios puedan cumplir sus compromisos internacionales.

Tras los nuevos bonos, HOY dio cuenta el sábado 14 que el gobierno de Medina ha emitido más de 12 mil millones de dólares desde el 2013, mientras el exgobernador del Banco Central daba cuenta de que la deuda pública estatal consolidada alcanza 43 mil 400 millones de dólares, 52 por ciento del producto nacional, reiterando sus advertencias de que va camino a la insostenibilidad. El economista Apolinar Veloz, hasta hace poco funcionario del Fondo Monetario Internacional, la cuantificó en 46 mil millones en una entrevista el jueves en Uno+Uno de Teleantillas, al sumarle deudas no registradas con suplidores y constructores.

Las perspectivas apuntan a la continuación del endeudamiento, en su mayoría para cubrir gastos corrientes, ya que el Ministerio de Hacienda advirtió que el presupuesto para el 2019, en proceso de elaboración, contendrá menos recursos para proyectos prioritarios, cuando la inversión de capital apenas alcanza el 15 por ciento del presupuesto. En los lineamientos presupuestarios para el próximo año recién presentados al presidente Medina por el ministro Donald Guerrero, sigue ausente el pacto fiscal postulado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que el gobierno ha evadido, según dio cuenta el Diario Libre al comenzar la semana.

Traspiés eléctrico en China
El gobierno tuvo otro revés esta misma semana cuando se reprodujo aquí una información publicada en un portal internacional de que el presidente del Consejo de Administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, José Rafael Santana, firmó un acuerdo para la instalación de una planta eléctrica de 1,200 megavatios, que incluiría facilidades del puerto de Manzanillo, en Montecristi, con la empresa china Huayang Investment Holdings. El mismo día el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, negaron calidad a Santana para firmar tal acuerdo.

Cuando se esperaba que el funcionario sería destituido, al día siguiente Bichara precisó que lo que se firmó fue un “memorándum de entendimiento no vinculante”, como unos 26 suscritos en los últimos meses con otras empresas interesadas en el negocio eléctrico en el país. Ese tipo de “acuerdos de intención” son de carácter confidencial y por tanto no publicable. Pero este se firmó en una ceremonia en el “Salón del Pueblo” de la capital de China, Beijing, con la concurrencia de varios funcionarios dominicanos y chinos.

Desde luego nadie informó quién cubrió los gastos para esa “carta de intención”, mientras se especulaba sobre la precipitación con que el gobierno procura beneficios económicos, por lo menos de inversión, de su reciente reconocimiento diplomático de la República Popular China.

Una reacción de Danilo
El presidente Medina, negado sistemáticamente a responder cuestionamientos o preguntas, tuvo una reacción de enojo esta semana cuando recriminó a los que criticaron los vicios de construcción develados por los aguaceros en dos grandes hospitales capitalinos, en especial el Moscoso Puello, en cuya remodelación se gastaron más de 400 millones de pesos.

El sector salud está revuelto desde hace meses, con declaraciones de colapso por parte de los gremios como el Colegio Médico Dominicano, con el agravante de que el sistema de seguridad social ha sido sumido en una crisis, con sus organismos inoperantes, al punto que tras un coro de quejas y demandas, contra las aseguradoras de de Riesgos de Salud, esta semana el Ministro de Salud Pública reaccionó proponiendo una mesa de diálogo para buscar soluciones.
Mientras tanto, las muertes de recién nacidos se elevaron en el primer semestre de este año en un alarmante 29.4 por ciento, al totalizar 1,659, con 377 más que las 1,282 ocurridas en el mismo período del año pasado, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud correspondiente a la semana 26. Las muertes maternas del mismo período se redujeron de 88 a 93.

Tampoco en la política
En el rumbo político tampoco ha tenido suerte el presidente Medina, aunque en las últimas semanas han aparecido en las redes cinco spots de promoción de su reelección, con la misma línea gráfica, y el viernes se publicaron fotografías de afiches reeleccionistas con la foto del mandatario, todos de igual impresión, durante una inauguración oficial.

Hace dos semanas se aprovechó un congreso en el país de la Federación Interamericana de Abogados para atribuirle a un supuesto “Comité de Derecho Electoral” haber dictaminado “a unanimidad” que el transitorio de la Constitución que prohíbe otra repostulación de Medina, viola sus derechos, lo que fue rápidamente desautorizado por el presidente de la entidad con sede en Washington, quien dijo que ni siquiera tienen tal comité.

La última propuesta del danilismo para viabilizar la controversial Ley de Partidos, que pedía consagrar tanto el padrón abierto como el cerrado para elegir candidatos, habría sido respondida por el Partido Revolucionario Moderno con que cada partido quede en libertad de escoger el método de elección, pero parece que eso tampoco satisface al danilismo que quiere una ley que le economice los riesgos de convocar un congreso para modificar los estatutos del PLD que establecen el padrón interno. Mientras tanto, el próximo miércoles concluirá otra legislatura sin aprobarse la Ley de Partidos.-