Miércoles, 19 de febrero, 2020

Presidente SCJ decide atender personalmente expedientes pendientes de mayor antigüedad

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, presenta su primer discurso por el Día del Poder Judicial en medio de cuestionamientos por la reciente decisión de enviar a un tribunal ordinario de primera instancia a cinco acusados por los sobornos de Odebrecht y ante críticas por la falta de resultados para enjuiciar a los feminicidas.

En su alocución en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, el presidente anunció que en cada departamento judicial habrá Centros Especiales de Entrevistas para víctimas de violencia en materia de género, conocidos como Cámara Gessel, para garantizar la privacidad y evitar la revictimización de las mujeres y que la Escuela Nacional de la Judicatura desarrollará a partir de marzo un programa nacional de entrenamiento y sensibilización al personal judicial y administrativo.

La protección en igualdad ante la ley demanda especial sensibilidad hacia quienes hoy son más vulnerables. En ese ámbito, la forma en que la violencia contra las mujeres se ha expresado en nuestro país constituye un dolor y una gran vergüenza que debe llamarnos a la reflexión y sobre todo a la acción”, proclamó Molina Peña.

Por otro lado, llamó a limitar con firmeza y decisión las maniobras dilatorias injustificadas que retardan los procesos judiciales y aplicar mecanismos administrativos y hasta trabajar en horario extendido para acabar con la mora judicial. En ese sentido, informó que la Suprema Corte de Justicia tiene 18,357 casos pendientes de resolución y anunció que asumirá de inmediato los casos de mayor antigüedad, y de inmediato se encargará personalmente de los expedientes de la primera década de este siglo.

“Hay procesos iniciados hace más de una década. En la propia SCJ, se han acumulado 18,357 casos que en junio de 2019 esperaban resolución”.

“Varios de ellos aguardan por sentencia desde el siglo pasado. ¡No podemos aceptarlo! No es posible suspender la vida de nuestra gente porque tribunales retrasen una decisión o que un derecho personal o económico sea vulnerado porque las medidas para protegerlo estén en retardo”.

Destacó que ha decidido atender personalmente los expedientes de mayor antigüedad pendientes de resolución ante la SCJ y que continuará en el esfuerzo de reducir el retardo tanto tiempo como sea necesario.

“Debemos combatir la resignación y apatía, la desesperanza instalada en nuestro sistema de justicia. Una primera respuesta ha sido buscar la distribución equitativa y eficiente, para que las responsabilidades de los jueces alcance niveles de resolución aceptables.”

Luis Henry Molina informó que darán prioridad a la resolución de asuntos atrasados en la SCJ a través de la redistribución de la carga judicial.

“Magistrados de Corte de Apelación podrán resolver asuntos de primera instancia, se organizarán horarios de audiencias, se regularán y simplificarán procedimientos internos y formalidades al modo de Corte de Casación Francesa y Audiencia Provincial de Madrid”.

Aseguró también combatir la inequidad en la distribución de la carga judicial, lo que implicará mecanismos distintos de distribuir los casos entre los tribunales y jueces y de administrar de forma más eficiente el presupuesto del Poder Judicial. “No es razonable que, si nuestra principal tarea es impartir justicia, la totalidad de nuestros tribunales accedan solo al 68% del presupuesto, mientras que el Consejo del Poder Judicial, cuya función es de administración recibe el 32%”, declaró.

Molina prohibió a los jueces, abogados y fiscales acceder en conjunto a las salas de audiencia. “Las decisiones éticas y disciplinarias sobre actuaciones judiciales se harán públicas e incluidas en el expediente de cada jueza o juez”.

“En nuestro país, los abogados deben ser abogados y los jueces deben ser jueces. Recurrir a jueces interinos y suplentes procedentes de la abogacía en funciones, es anacrónico, y peligroso. No se justifica en nuestro estado de desarrollo y está próximo a llegar a su fin.”

“Aseguraremos entregar justicia en condiciones dignas, lo que significa un esfuerzo importante en remodelación y rehabilitación de las 219 sedes judiciales en el país”.

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