Presunta colusión en licitaciones públicas: Pro-Competencia abre investigación contra dos empresas
Pro-Competencia enfatiza que esta etapa corresponde al inicio de una investigación, y no implica prejuzgamiento ni presunción de culpabilidad. La Dirección Ejecutiva explica que el objetivo es esclarecer los hechos y reunir las evidencias necesarias para confirmar o descartar la existencia de una infracción a la ley.
Santo Domingo.– Santo Domingo. – La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) inició una investigación formal contra las empresas Agroindustrias Coralis AGROCO, SRL y Credi Med, SRL, por presuntas prácticas anticompetitivas en el marco de tres procesos de licitación pública convocados por los Comedores Económicos del Estado Dominicano.
Según la resolución que da inicio a la investigación, existen indicios suficientes de posibles acuerdos colusorios entre ambas compañías. Las pruebas preliminares revelan similitudes significativas en las ofertas técnicas y económicas presentadas, así como el uso del mismo notario público, a pesar de operar desde provincias distintas.
Este patrón podría apuntar a una coordinación ilícita con el fin de manipular las condiciones de competencia y obtener ventajas indebidas en la adjudicación de contratos de suministro de alimentos crudos.
“Estos indicios sugieren que ambas empresas habrían actuado como una unidad de control y dirección, con estrategias comunes orientadas a falsear la libre competencia en detrimento del interés público”, señala el documento oficial.
Proceso bajo el debido marco legal
Pro-Competencia enfatiza que esta etapa corresponde al inicio de una investigación, y no implica prejuzgamiento ni presunción de culpabilidad. La Dirección Ejecutiva explica que el objetivo es esclarecer los hechos y reunir las evidencias necesarias para confirmar o descartar la existencia de una infracción a la ley.
Ambas empresas ya fueron formalmente notificadas sobre la apertura del expediente y disponen de 20 días hábiles para responder y ejercer su derecho de defensa, conforme al marco legal vigente. También fueron notificados el Consejo Directivo de Pro-Competencia, la Dirección General de Contrataciones Públicas y los Comedores Económicos del Estado.
Posibles consecuencias legales y próximos pasos
Las acciones investigadas podrían violar el artículo 5 de la Ley General de Defensa de la Competencia (No. 42-08), que prohíbe los acuerdos colusorios entre empresas en procesos de contratación pública. De comprobarse, los hechos podrían conllevar multas desde 30 hasta 3,000 veces el salario mínimo, dependiendo de la gravedad.
Pro-Competencia advierte que este tipo de prácticas afecta directamente la eficiencia del gasto público y atenta contra los principios de equidad y transparencia en las compras estatales.
La Dirección Ejecutiva continuará con la recolección de información, el análisis de documentos y la realización de entrevistas, reafirmando así su compromiso con la competencia leal y la protección del interés público.