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Prevenir para no lamentar

Prevenir para no lamentar
Mario Rivadulla

El director de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y  Edificaciones acaba de lanzar una voz de alerta sobre una situación en extremo preocupante.  Según el funcionario hasta el 85 por ciento de las edificaciones del país no cumplen con las normas antisísmicas que fueron modificadas por el Ministerio de Obras Públicas a partir del devastador terremoto que redujo a escombros gran parte de la ciudad de Puerto Príncipe.

La cifra que ofrece Omar Guevara es el resultado de la labor de verificación que ha venido llevando a cabo el organismo que dirige sobre las condiciones de edificios tanto públicos como privados que han permitido descubrir fallas estructurales de diversa importancia, las cuales estarían siendo corregidas.

Al llamar la atención sobre dicha situación Guevara dirige una exhortación a los ingenieros para ajustarse a las normas antisísmicas actualizadas en las obras que tengan a su cargo.   Si bien es válido su reclamo, toca también demandar esa misma responsabilidad al departamento correspondiente de Obras Públicas encargado estudiar y aprobar los planos de las construcciones antes de otorgar los permisos de ejecución, y luego, en la práctica, supervisar que se están cumpliendo tal como fueron aprobados.

Para nadie es secreto, que tanto aquí como en cualquier parte, existen contratistas inescrupulosos que con la finalidad de aumentar sus ganancias incurren en prácticas fraudulentas, como es la de utilizar en las construcciones materiales de inferior calidad, situación que se da con mayor frecuencia en el caso de las obras públicas.

Como advierte el propio Guevara el territorio que compartimos con Haití está rodeado de numerosas fallas geológicas activas, lo que nos convierte en potencialmente muy vulnerables a la ocurrencia de un seísmo de grandes proporciones.  Del descubrimiento a la fecha, la historia nacional registra varios casos con resultados catastróficos.

De hecho, cuando ocurrió el seísmo de Haití en el 2010, los sismólogos tenían previsto que en realidad ocurriese de este lado de la isla.  No fue así por suerte para nosotros, y enorme desgracia para el infortunado vecino.

Pero  haber ocurrido aquí, los resultados hubiesen sido posiblemente tan catastróficos como lo fue en Puerto Príncipe, si tomamos en cuenta la gran cantidad de viviendas y fabricaciones de uno y más pisos levantadas sobre suelos de baja consistencia, con materiales de escasa resistencia,  y llevados a cabo de manera improvisada sin la intervención de ingenieros ni  sujeción a planos ni normas.

La capital, que cuatro décadas era completamente horizontal, se ha ido transformando por el contrario en una urbe cada vez más vertical, con la construcción de edificios de cada vez mayor altura.  Gran parte de ellos fueron construidos con anterioridad al 2010, cuando tuvo lugar el seísmo en Haití, y obviamente sin observar las normas antisísmicas actuales establecidas a partir de entonces.   Lo mismo ocurre en la mayor parte de los inmuebles que ocupan las oficinas y organismos estatales de construcción muy anterior.  Casos de especial importancia y  urgente revisión con fines de reforzamiento representan  los hospitales y las escuelas. Varias de estas han resultado afectadas en distintas ocasiones por movimientos telúricos de menor intensidad.

De ahí la necesidad imperiosa de agilizar el trabajo de verificación del estado de sus estructuras y capacidad de resistencia frente a un seísmo de grandes proporciones, capaz producir cuantiosos daños materiales e irreparable pérdida de vidas en tan solo unos pocos segundos.

En este caso cobra mayor importancia y razón el viejo lema de “Prevenir ahora para no tener que lamentar mas tarde”.

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