SANTO DOMINGO.- La Jueza Kenya Romero acogió el pedimento del Ministerio Público y envió a cumplir prisión preventiva al extitular de la Procuraduría, Jean Alain Rodríguez y otros tres imputados en la Operación Medusa.
Es la primera vez que un exprocurador de la República es enviado a cumplir prisión preventiva. El órgano acusador reveló que la Operación Medusa alcanzará a otros involucrados en la red de corrupción de Jean Alain Rodríguez.
Cabisbajo y en silencio salió el exfuncionario de la sala audiencia tras escuchar el fallo del tribunal.
Tras llevar dos semanas detenido en la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva: luego de que este se entregara ante la PEPCA, el extitular del órgano acusador deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo hombres junto Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, y Javier Alejandro Forteza.
En tanto a los imputados Altagracia Gullén Calzado, Jenny Marte Peña y Rafael Antonio Mercedes Marte, se le impuso arresto domiciliario e impedimento de salida.
Así mismo, al imputado Miguel José Moya, se le impuso una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica los 30 de cada mes.
El Ministerio Público presentó más de 5,800 páginas de pruebas para el caso en donde son imputados por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, violación de la ley de sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, incurrir en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
Según la acusación de la Pepca, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que desfalcó al Estado por más de 6,000 millones de pesos.
De igual manera, el expediente presentado por el Ministerio Público incluye cargos de soborno, lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado, así como otras Infracciones graves, en lo concerniente a los hechos cometidos antes de 2017.
El Cuarto Juzgado de la Instrucción fue apoderado para toda la etapa preparatoria del caso.
El tribunal otorgó un plazo de 20 días a las partes para recurrir la decisión en apelación; además fijó para el 13 de octubre la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas.
