A raíz de recibir múltiples reclamaciones vinculadas a retrasos injustificados en el pago de prestaciones económicas y la no entrega de la certificación de desvinculación laboral, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sometió una acción penal en contra de la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Altagracia Julia Drullard.
Según Pablo Ulloa, la demanda se produce ante la negativa de la funcionaria a entregar información solicitada por la institución encargada de velar por los derechos ciudadanos, debido a que viola disposiciones legales.