Montero Encarnación también dejó gravemente herida a otra niña de 7 años, hija de la fallecida. Las víctimas fueron atacadas a machetazos en la madrugada del pasado lunes en un edificio del sector Brisa del Este.
SANTO DOMINGO.- La jueza Karen Casado Minyety, del tribunal de Santo Domingo Este, impuso tres meses de prisión preventiva a José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, imputado de matar con un arma blanca a una mujer y a su hija adolescente durante un robo en su vivienda.
Montero Encarnación también dejó gravemente herida a otra niña de 7 años, hija de la fallecida. Las víctimas fueron atacadas a machetazos en la madrugada del pasado lunes en un edificio del sector Brisa del Este.
Según la Fiscalía de Santo Domingo Este, el agresor ingresó a la residencia con la intención de robar, penetrando en la habitación donde dormían las víctimas. Sin mediar palabras, atacó a la mujer de 42 años y a su hija de 16 años, causándoles la muerte, y lesionó gravemente a la niña menor.
El fiscal Tito Oseas González, del Departamento de Litigación Inicial, presentó ante la jueza evidencias que vinculan al imputado con el crimen. La medida de coerción será cumplida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
El Ministerio Público imputó provisionalmente a Montero Encarnación por violaciones a los artículos 295, 304 y 379 del Código Penal, así como al artículo 396 de la Ley 136-03, que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En República Dominicana, los robos violentos en viviendas han sido un problema recurrente, donde los delincuentes a menudo utilizan armas blancas o de fuego, poniendo en riesgo la vida de los habitantes.
Este tipo de hechos no solo genera pérdidas materiales, sino que también provoca graves consecuencias humanas, incluyendo lesiones y muertes, especialmente entre mujeres y niños.
La legislación dominicana contempla medidas específicas para proteger a los menores y sancionar severamente los delitos cometidos contra ellos. El Código Penal tipifica homicidios, lesiones graves y robos con violencia, mientras que la Ley 136-03 protege los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, estableciendo protocolos de actuación y penas más estrictas para los agresores.
Ante hechos de extrema violencia, los tribunales suelen aplicar prisión preventiva como medida de coerción para garantizar la seguridad de la comunidad y la presencia del imputado durante el proceso judicial.
Casos de este tipo generan conmoción social y refuerzan la necesidad de políticas de seguridad más efectivas, así como protocolos de protección para los miembros más vulnerables de la familia.
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