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Prisión preventiva para propietario y empleada de negocio por explotación sexual

Prisión preventiva para propietario y empleada de negocio por explotación sexual
Prisión preventiva para propietario y empleada de negocio por explotación sexual
Sentencia 1

Sentencia 1

BARAHONA.- Tres meses de prisión preventiva le fue impuesto al propietario y una empleada del “Bar de Mikin”,  localizado en esta provincia, donde fueron rescatadas 10 menores de edad de entre 14 y 17 años, varias de ellas  que presuntamente eran víctimas de explotación sexual comercial y proxenetismo. 

El Juzgado de la Instrucción de Barahona dictó la medida de cautelar en contra del propietario del negocio, el señor Amado Cuevas (Mikín), y de la empleada Johanny Hernández Paredes (Yohanna), quien supuestamente se encargaba de vigilar y coaccionar a las adolescentes. 

El Ministerio Público, que estuvo representado por el procurador fiscal titular de Barahona, Yván Ariel Gómez Rubio, y los procuradores fiscales Manuel Edgardo Cuesta Ramón, Abraham Carvajal Medina y Corintio Torres, les atribuye a ambos imputados la violación de los artículos 22, 23, 410 y 412 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

 

El magistrado Yván Ariel lamentó que a pesar de presentar pruebas contundentes que vinculan a los imputados con los hechos, el tribunal rechazara la petición de disponer el cierre del citado establecimiento.

 

El tribunal ordenó que Amado Cuevas y Hernández Paredes cumplan la prisión preventiva en la cárcel pública de Barahona y en el Centro de Corrección y Rehabilitación Femenino de Baní, provincia Peravia, respectivamente.

 

Según las informaciones obtenidas en el proceso investigativo, los imputados cobraban sumas entre RD$300  y mil 500 pesos para que los clientes pudieran sostener relaciones sexuales con alguna de las adolescentes que se encontraban en su negocio. Además las adolescentes, consumían y vendían bebidas alcohólicas en dicho bar.

 

Las mismas fueron localizadas tras un proceso de investigación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y la Procuraduría Fiscal de Barahona, a cargo de los magistrados Jonathan Baró Gutiérrez y Gómez Rubio, luego que los casos fueran denunciados ante el Ministerio Público.

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