Por Ciudadoriental.com
Edward Mayobanex Rodríguez Montero.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Si la Dirección General de Prisiones y la Procuraduría General de la República querían lograr que Edward Mayobanex Rodríguez Montero se desesperara, ya lo consiguieron.
El hombre está desesperado. No solo eso, cree que hoy podría ser el último día que converse con su familia, con sus amigos y con el resto del mundo.
Cree que hoy, o mañana, podría ser consumado un supuesto plan para asesinarle en la cárcel.
Y parece que motivos no le faltan para tener esos temores.
El pasado día 21 de marzo un tribunal, la Corte de Apelación, falló a favor suyo disponiendo que fuera sacado de la cárcel del 15 de Azua y llevado de regreso a la cárcel de Najayo, hasta que el expediente en el que está implicado, el de la matanza de Paya, adquiera la categoría de la cosa irrevocablemente juzgada.
Sin embargo, desde ese día, la Dirección General de Prisiones se ha negado rotundamente, en los hechos, a cumplir con el mandato del tribunal colocándose por encima de las leyes.
Esta mañana, el abogado que lo ha defendido, William Garabito, conversó telefónicamente con Ciudad Oriental y le dijo que el Sub Director de Prisiones, una persona de apellido Holguín, le habría dicho que no trasladarían a Rodríguez Montero, a pesar de la orden del tribunal.
Alegan que «este es un preso problemático», aunque nunca se ha visto implicado, al menos en prisión, en ningún incidente.
Rodríguez Montero reclama que se cumpla la sentencia de la Corte de Apelación.
-«Es probable que hoy sea el último día que hable con ustedes», le dijo el imputado a cercanos.
No está claro qué quiso decir con esa expresión.
Tampoco están claros los motivos por los que la DGP se niega a cumplir la orden del tribunal y ha adoptado una postura deliberativa.
Rodríguez Montero está convencido de que en la Dirección General de Prisiones y en la Procuraduría General de la República «hay alguien interesado en que me maten aquí en el 15 de Azua».
No logra otra explicación al desacato a la orden judicial.
El asunto parece que cobra un matiz extraño porque el Gobierno se ha mantenido indiferente ante la violación por la PGR y la DGP al fallo del tribunal.
Rodríguez Montero ha sido condenado por un tribunal de primera instancia a cumplir 30 años de prisión por su presunta participación en el asesinato de siete colombianos y provocar graves heridas a un nicaragüense la noche del cuatro de agosto del año 2008 durante una supuesta operación de drogas en Paya Baní.
Junto a Rodríguez Montero, un vecino de la calle Cuatro de Agosto, de Los Mina, fueron condenadas otras personas, entre esta el vendedor de vehículos José Luís Montás Vargas, quien al momento de la sentencia aparentaba saludable, pero pocas semanas después murió de una infección generalizada tras negarse las autoridades penitenciaria a admitir que fuera atendido por médicos fuera del penal, según sus parientes.
La sentencia ha sido apelada por todos los implicados y el proceso debe continuar el próximo junio.
Rodríguez Montero fue trasladado a la cárcel del 15 de Azua, una de las peores prisiones de la República Dominicana.
Allí ha empeorado su condición de salud y recurrió a un tribunal para lograr ser retornado a la celda de máxima seguridad de Najayo.
El tribunal, el pasado 21 de marzo, lo favoreció, pero los funcionarios de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones se niegan rotundamente a acatar el fallo.
El reo está convencido de que lo que se procura es ganar tiempo para asesinarle, «o para que me suceda lo mismo que al Duro Motors».
De su lado, el abogado Garabito dijo a Ciudad Oriental que, si su asistido no es trasladado a más tardar mañana, acentuará sus diligencias en torno al recurso de amparo que ha adelantado.
