Santo Domingo.– En un panel jurídico recuerda que la doctrina en la región piensa en el “debido proceso” solo desde la óptica del imputado, pero también hay que debatir y crear jurisprudencias enfocadas en las víctimas que buscan una respuesta y una reparación oportuna
Una deuda histórica con las víctimas
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, planteó la necesidad de que el país, al igual que en toda América Latina y el Caribe, se fortalezca la justicia que tutele más a las víctimas en su dimensión de sujeto procesal, que proteja sus derechos y gestione una reparación oportuna de daños.
Reynoso recordó que muchos libros y artículos que se escribieron en América Latina se enfocaron sobre la base de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, o imputadas o acusadas en un proceso, sin considerar los derechos de las víctimas.
Sostuvo que los imputados tienen las garantías del debido proceso, lo cual resulta de vital importancia en un Estado de derecho.
“Pero nosotros, hemos pensado el ´debido proceso´ en función del imputado. No de los sujetos procesales”, abundó.
La Procuradora General de la República se refirió al tema al participar como invitada del Poder Judicial en un panel jurídico junto al costarricense Juan Carlos Astúa Jaime, director País del National Center for State Courts, y el colombiano Gerardo Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
- El panel, celebrado en el Hotel El Embajador, estuvo moderado por Berenice Barinas, directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental.
Reynoso planteó que el sistema de justicia se fortalece si piensa en el debido proceso contemplando a todos los sujetos procesales. En ese contexto, explicó que América Latina tiene una “deuda histórica con las víctimas”.
Reynoso dijo que su gestión en la Procuraduría General de la República se enfoca en diseñar un servicio en función de las necesidades de la ciudadanía, conforme al mapa de la criminalidad y atendiendo a las dificultades de acceso de la ciudadanía al sistema de justicia.