Santo Domingo.– El caso Senasa, también conocido como Operación Cobra, forma parte de las nueve operaciones contra la corrupción administrativa emprendidas por el Ministerio Público en los últimos años, procesos que han derivado en alrededor de 300 imputados.

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, resaltó la gravedad del caso Senasa, al que calificó como uno de los más delicados investigados por la institución.

De su lado, la directora de PEPCA, Mirna Ortíz, reafirmó el compromiso del órgano persecutor, independientemente de las críticas o los elogios.

Representantes de la sociedad civil consideraron oportuno que la audiencia para conocer la medida de coerción del caso Senasa coincida con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción.

El vicepresidente de Participación Ciudadana, Francisco ´Pancho´ Álvarez, condenó la naturaleza del delito que se investiga.

Durante el Primer Congreso de la Lucha contra la Corrupción, organizado por la Procuraduría, fiscales, miembros de la Cámara de Cuentas y autoridades gubernamentales reconocieron que, aunque el país ha logrado avances importantes en materia de control y fiscalización, persisten retos institucionales para enfrentar de manera integral este delito.

El miembro de la Cámara de Cuentas, Francisco Franco, aseguró que el órgano fiscalizador continuará fortaleciendo su labor.

También participaron la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortíz Bosch; el senador de la Fuerza del Pueblo, Eduard Espíritusanto; y el senador del PRM, Alexis Victoria Yeb, quienes coincidieron en que la lucha contra la corrupción requiere mayor fortalecimiento institucional.

Nueve operaciones anticorrupción

Durante la actividad, los fiscales detallaron que, en las nueve operaciones anticorrupción desarrolladas en los últimos cinco años, se han procesado a más de 200 personas y 90 empresas, y se ha logrado el decomiso de más de 10 mil millones de pesos.

En el congreso participaron además juristas y representantes del Ministerio Público de países como Chile, Argentina, Costa Rica, entre otros.