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Profundizan análisis de documentación ocupada en Cámara de Cuenta

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, informó que  mantiene trabajando a un amplio equipo de técnicos de diferentes áreas que profundizan el análisis de la documentación ocupada en la Cámara de Cuentas durante el allanamiento del pasado lunes.

La PEPCA reveló que entre las obras pagadas con fondos de los contribuyentes que debieron ser fiscalizadas por el órgano de control estatal figuran alegadamente las contratadas a Odebrecht.

En tanto la Cámara de Cuentas calificó como un atropello nefasto el allanamiento realizado por el ministerio público al órgano fiscalizador.

La Operación Caracol abre un caso en el que la obstrucción de la justicia y otros ilícitos penales operaron en beneficio de personas, empresas o entidades favorecidas con auditorías maquilladas, así lo informó este miércoles el procurador adjunto, Wilson Camacho,  a través de un comunicado.

Señala que “Entre esas auditorías supuestamente  “maquilladas” figura una realizada a las obras construidas por Odebrecht entre 2002 y 2014”.

Ya para el mes de septiembre del año pasado el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, entrevistado en el Despertador del Grupo SIN, dijo que ya tenían el informe provisional de la investigación especial realizada por la entidad a once de las obras involucradas en el caso Odebrecht.

En silencio y escuchando la lectura  de un documento en voz del vocero de la institución tres de los cinco miembros del órgano fiscalizador fijaron su posición sobre el allanamiento que por desarrolló el MP por 12 horas el lunes.

Durante el allanamiento informa el órgano fiscalizador se incautaron diferentes equipos y documentos, entre los que figuran  desktops, laptop,  un disco duro, memorias USB.

El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, está siendo investigado bajo sospecha de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

La investigación incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez, así como a otros funcionarios del organismo.

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