BUENOS AIRES.- Argentina vivió este miércoles una nueva jornada de protestas por la delicada situación económica que atraviesa el país, en la que varias organizaciones sociales trasladaron el reclamo de una ley de «emergencia alimentaria» al Gobierno y al Congreso de la Nación.
Desde primera hora, las céntricas calles de Buenos Aires amanecieron cortadas por miles de personas que confluían hacia dos puntos: el Ministerio de Desarrollo Social y la sede del Poder Legislativo, donde un grupo de diputados opositores recibió a representantes sociales para «coordinar la campaña para la aprobación de la ley».
«Hay seis proyectos de ley de emergencia alimentaria, queremos que se unifiquen en un mismo proyecto y que luego se trate y se apruebe en el Congreso», afirmó a Efe el candidato a diputado por el Frente de Todos y fundador del Partido Piquetero, Juan Marino.
El principal escollo para el debate parlamentario sobre una ley que «permitiría distribuir partidas del presupuesto vigente de otras áreas hacia el área de alimentos» es, según Marino, la falta de disposición del Gobierno de Mauricio Macri.
Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, correspondiente al último semestre de 2018, un 23,4 % de los hogares viven por debajo de la línea de pobreza, lo que supone un 32 % de la población.
Asimismo, la Universidad Católica Argentina destacó que un 51,7 % de los niños y adolescentes del país viven en un hogar pobre.
«Estamos reclamando a Juntos por el Cambio (bloque oficialista) que habilite el tratamiento de la ley, que vote para que se pueda aprobar.(…) Si el oficialismo facilita el tratamiento, se podría hacer en una sesión especial la semana que viene e inmediatamente se podría aprobar y se podría promulgar», añadió Marino.
Con el mismo objetivo pero distinta estrategia, otro numeroso grupo de personas marchó de manera simultánea hacia el Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la avenida 9 de Julio, una de las principales arterias de la ciudad, a menos de dos kilómetros del Congreso.
«No va a haber sesión del Parlamento, no se va a votar ninguna ley, con lo cual creemos que es un error. Respetamos a los compañeros que van al Parlamento, pero inclusive le pedimos que cuando termine nos acompañen en esta movilización «, destacó el dirigente nacional del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
Su intención y la de los miles que lo acompañaron durante la jornada es la de tener un encuentro con la titular de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, a quien acusa de parecer «una persona que no está gobernando», en alusión a los resultados de las elecciones primarias del 11 de agosto, en las que el oficialismo cosechó una severa derrota por 15 puntos frente al peronista Frente de Todos.
Argentina arrastra una crisis económica desde mediados del año pasado, marcada por una fuerte devaluación del peso, escalada de la inflación y aumento de las tasas de pobreza, que se ha agudizado tras los resultados de las primarias y la reacción de los mercados.
Ante esta situación las protestas sociales han proliferado, reiterando durante varias semanas el reclamo de una situación de emergencia alimentaria, y en esta ocasión los protestantes tienen la intención de permanecer en la calle hasta recibir una audiencia.
«Si no hay respuesta, nos vamos a quedar a dormir y nos vamos a quedar varios días», manifestó Belliboni.
Otra de las medidas que plantean si no obtienen lo que demandan es un paro de 36 horas, para lo que necesitarían que los principales sindicatos del país los apoyen y realicen la convocatoria.
«Estamos llamando a que las centrales obreras convoquen un paro, son ellas las responsables de que los trabajadores no puedan responder por sus intereses, por sus reivindicaciones, cuando tenemos a los capitalistas defendiendo sus intereses, vendiendo dólares, fugando los capitales y los trabajadores maniatados», subrayó.
Una de las mayores agrupaciones sindicales, la Confederación General del Trabajo, se unió al reclamo y publicó un comunicado solicitando la «urgente declaración de emergencia alimentaria y nutricional», al igual que hicieron en las últimas semanas la Iglesia y el candidato opositor a la Presidencia Roberto Lavagna.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social aseguraron a Efe que la marcha supone una «extorsión para pedir planes sociales» y que descartan concederles una audiencia, además sostienen que la ley de emergencia alimentaria ya está vigente en el país.
«La emergencia alimentaria está declarada en la Ley de Emergencia Social de 2016», destacó un portavoz del Ministerio.
La Ley de Emergencia Pública, aprobada en diciembre de 2016, establece en su segundo artículo la defensa de «los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección provisional».
La jornada de protestas tuvo otros focos de acción, como el edificio del Banco Central, donde un grupo de cuatro personas se encadenó en la entrada principal y solicitó una audiencia con el presidente de la entidad, Guido Sandleris, y la renuncia de Mauricio Macri y todo su Gobierno.