En sus peticiones al Consejo Superior del Ministerio Público, explica que ambos incurrieron en faltas graves y muy graves al litigar los expedientes sobre el asesinato a una mujer y la implantación de drogas en una barbería de Villa Vásquez

SANTO DOMINGO.-Alegando “faltas graves” y “muy graves”, la Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior del órgano persecutor la suspensión de sus funciones del fiscalizador Engels Luis Polando Hneríquez, de San Francisco de Macorís, y del procurador de corte de Montecristi, Antonio de Jesús Báez Tapia.

En el caso de Báez Tapia, el procurador adjunto Juan Medina de los Santos, quien presentó  a la procuradora general Mirian Germán Brito y a los demás miembros del Consejo Superior del Ministerio Público la solicitud, dijo que ejerció indebidamente, “al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo" en el caso de una barbería de Villa Vásquez donde una exfiscalizadora y  cuatro agentes antinarcóticos supuestamente pusieron drogas en medio de un allanamiento en el mes de agosto de 2019.

Plantea que Báez Tapia incurrió en una violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público (número 133-11), por “no observar las prohibiciones o incompatibilidades constitucionales o legales cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado”, por haber descuidado el expediente y el proceso seguido contra la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña.

Según se indicó, Báez Tapia retiró los cargos además contra el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez y el cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, de la Policía Nacional y adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como contra el cabo de la fuerza aérea Juan Antonio Arias Peguero.

Caso Engels Luis Polanco Henríquez

La instancia relacionada con el caso de una mujer que fue asesinada de más de 200 cuchilladas indica que  “Engels Luis Polanco Henríquez ha ejercido sus funciones indebidamente al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución del Ministerio Público”.

Afirma que Polanco Henríquez, el pasado 22 de febrero, se opuso a la variación de la medida de coerción de prisión preventiva en contra de Eusebio Rosario Hernández (Eddy), imputado por el crimen de Carmen Paulino Gabriel (Rafelina), ocurrido en San Francisco de Macorís en junio de 2021.

Señala que, precisamente el 22 de febrero, el fiscalizador argumentaba sobre la falta de presupuestos que presentaba la defensa de Rosario Hernández y sostenía que se mantenían las circunstancias que dieron lugar a la imposición de la prisión preventiva contra el imputado.

Sin embargo, el 18 de este mes, el mismo fiscalizador varió su criterio “ante el conocimiento de una revisión de medida de coerción oficiosa, en la que tampoco se presentaron presupuestos que garantizaran la presencia de dicho imputado a los demás actos del proceso”.

El inspector Medina de los Santos señala, además, que el caso no se acogía al artículo 241 del Código Procesal Penal, sobre el cese de la prisión preventiva. Sobre ese particular, indicó que el plazo de 12 meses para la prisión preventiva no había llegado a su término, sino que se cumplía el 07 de junio, “por lo que no se justifica que sea el fiscal que solicite la variación de la medida de coerción, por el vencimiento de un plazo que todavía no había vencido, máxime en un caso con una gravedad tal como el que nos ocupa”.

La solicitud fue presentado a la procuradora general Mirian Germán Brito y a los demás miembros del Consejo Superior del Ministerio Público por el procurador adjunto Juan Medina de los Santos.