SANTO DOMINGO.- Diputados reformistas advierten que si la junta no acata el acto de alguacil que le entregó para que se abstenga de gastar dinero del Estado en las primarias, podrían someter al órgano electoral a los tribunales.
Si el gasto en primarias debe ser cubierto por los partidos según la ley 33-18, la junta estaría cometiendo ilegalidad si dispone de 1249 millones de pesos del Estado para pagarlas, a juicio de los legisladores reformistas.
Aunque otros legisladores dijeron no estar de acuerdo con iniciar una acción legal contra la Junta, no favorecen que el Estado financie las primarias y que los partidos sólo asuman 200 millones de pesos de los casi 1,500 millones que costarían los procesos internos en los partidos.
En el presupuesto de 2019 la junta central electoral tiene asignados un poco más de 8 mil millones de pesos, de los cuales 2 mil 100 millones están reservados para gasto en asuntos electorales.
Sin embargo no se ha especificado si dentro de estos 2 mil 100 millones de pesos están incluidas las primarias.
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