Ramón Rogelio Genao.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) llamó este viernes a los ejecutivos de la empresa minera Barrick Gold; a sujetarse al ordenamiento jurídico nacional, respetando la Constitución y las leyes dominicanas.
El Secretario General y Vocero de los Diputados Reformistas, Ramón Rogelio Genao, consideró que la sociedad dominicana tiene dudas razonables, crecientes, sobre la buena fe, transparencia contable y pulcro manejo administrativo que como socio debe garantizar la minera canadiense al Estado; además de su actitud renuente al llamado de negociación hecho por el presidente Medina.
“Hay sobradas razones para dudar de las buenas intenciones de la Barrick Gold con el Estado dominicano; saludamos la disposición del Gobierno, a través de la Dirección General de Aduanas de paralizar las exportaciones de esa empresa hasta que esta no ajuste sus actuaciones a las leyes 140-00 y 34-89, declarando debidamente el contenido específico y el valor exacto de los lotes a exportar”.
El veterano legislador y segundo hombre del reformismo, afirmó que el Congreso si está facultado para revisar y fiscalizar el contrato del Estado con Barrick Gold o cualquier otro del Estado con particulares; como lo viene haciendo soberana y constitucionalmente la Cámara de Diputados desde hace varias semanas.
“Una cosa es negociar o renegociar contratos en representación del Estado, lo que es atribución exclusiva del Ejecutivo. En función del literal D, del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución; y otra muy distinta es la atribución de revisar y fiscalizar que tiene el Congreso en virtud de los literales a), k) y r) del numeral 1 del artículo 93; y los literales b), e) y f) del numeral 2 de ese mismo artículo, de nuestra norma sustantiva de las atribuciones del Congreso, que es lo que ha venido haciendo correctamente la Cámara de Diputados”, dijo el legislador.
Genao aseguró que en el caso de la Barrick Gold la actuación de los tres poderes del Estado garantiza la seguridad jurídica propia del estado de derecho que impera en el país.
