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Prueba de fuego

Prueba de fuego
Marisol Vicens Bello

El próximo domingo se celebrarán por primera vez en el país primarias simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral (JCE) para elegir los candidatos a la presidencia, así como a senadores, diputados, alcaldes y regidores del partido oficial y del principal partido de oposición, salvo las candidaturas reservadas, estrenando el modelo previsto por la Ley 33-18 de partidos políticos.

La atención de estas primarias ha estado concentrada en la disputa por la nominación presidencial del PLD por los dos principales contrincantes, el ex presidente Fernández y el delfín político del presidente Medina y no es de extrañar que sea así, pues el motivo principal por el que se aprobó  finalmente la ley de partidos fue precisamente para buscar una solución externa a un problema interno que se anticipaba en el partido oficial, la selección del candidato presidencial ante la imposibilidad constitucional de una nueva reelección del presidente y la intención del pasado presidente de postularse para un cuarto mandato, lo que no es del agrado del presidente y su facción, pero es la consecuencia de haber dejado esa posibilidad abierta con tal de poder reelegirse en su modificación a la Constitución en el 2015.

A pesar del exorbitante derroche de recursos que se justifica por la supuesta contribución al fortalecimiento democrático, lo cierto es que al haberse acomodado la ley a lo que querían los dos principales partidos y permitir que  pudiera escogerse la modalidad de padrón, la participación  en estas primarias estará limitada a los militantes del PRM, que escogió padrón cerrado y del PLD, que escogió padrón abierto, más aquellos que este último pueda conquistar en gran medida en base a clientelismo, pues muchos no tendrán interés  o no querrán hacerlo para no ser sindicados como seguidores del partido oficial.

El Tribunal Constitucional ha jugado un rol significativo declarando la inconstitucionalidad de múltiples artículos de las recién estrenadas leyes de partidos y electoral, como sucedió con el perverso arrastre, lo que constituirá un cambio significativo en la campaña electoral y en el resultado de las elecciones, pues los senadores tendrán que ganar con sus propios votos, lástima que el pugilato por la presidencia haya eclipsado estos niveles de elección en estas primarias.

También el Tribunal Superior Electoral ha estado dictando sentencias importantes como la recientemente publicada que anuló la inscripción como precandidata a alcaldesa de una fiscal en grosera violación del párrafo II del artículo 172 de la Constitución, el cual establece las incompatibilidades del cargo de ministerio público, y tendrá que juzgar todos los reclamos que se generarán.

Lo que no estaremos estrenando es la procuraduría especializada para la investigación y persecución de crímenes y delitos electorales por no haber sido creada aún como manda la nueva Ley de régimen electoral, aunque debido a la falta de independencia del ministerio público y las falencias del régimen creado, las expectativas de que esto revierta la histórica y perversa impunidad en materia electoral son muy bajas.

A pesar de todos estos estrenos que buscan fortalecer nuestra democracia, incluyendo el del sistema de voto automatizado impulsado por la JCE, los vicios, desconfianzas y malas prácticas siguen siendo iguales pues son los mismos actores con distintas vestiduras, y estamos sustituyendo la conflictiva elección a dedo del delfín del presidente, por un cargarse en hombros al heredero designado para intentar convertirlo en el sucesor legalmente electo.

Por eso la prueba de fuego de este domingo de estreno será que el resultado del proceso organizado por la JCE sea no solo respetado, sino asumido como bueno y válido por los vencidos, para que la credibilidad y confianza en esta se consolide, y pueda continuar sin mayores desgastes el retador cronograma electoral del 2020.

 

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