Base Naval de Guantánamo (Cuba).– Una pregunta sobrevuela las audiencias previas al esperado juicio contra los acusados de los ataques del 11 de septiembre de 2001: ¿Son admisibles las confesiones obtenidas bajo la sospecha de tortura? Su respuesta, según los defensores de los presos, puede dar un giro al caso.
La cuestión no afecta a las declaraciones conseguidas mediante las llamadas eufemísticamente técnicas de interrogatorio mejoradas que la CIA aplicó en sus centros de detención clandestinos después de que esos presos fueran capturados entre 2002 y 2003. El método ejercido invalidó lo que dijeron entonces.
Este miércoles la comisión militar que tiene en sus manos la suerte del autoproclamado «cerebro» del 11-S, Khalid Sheij Mohamed (KSM), y de tres supuestos cómplices se centra en lo que estos le contaron al FBI cuando ya estaban en la prisión de la Base Naval de Guantánamo, a la que llegaron en 2006.
La Administración del expresidente republicano George W. Bush (2001-2009) mandó para interrogarlos a agentes de los que se dijo que tenían «las manos limpias», según explica a la prensa el abogado James Connell, representante de uno de esos reclusos, Ammar al-Baluchi.
El equipo de Connell y de otros acusados intenta demostrar que esa limpieza era solo de fachada. «Nuestra postura es que la CIA y el FBI se coordinaron de tal manera que cuando el FBI habló con ellos en 2007 se aprovechó del daño que se había hecho a esos hombres», sostiene.
No solo se aprovechó, sino que el FBI habría participado de forma remota en los interrogatorios durante años y que algunos de los agentes del nuevo equipo tenían conexiones con la CIA, por lo que las nuevas declaraciones también estarían comprometidas.
«Para algunos acusados esas declaraciones son una parte muy muy importante del caso. Si el Gobierno no puede contar con ellas, dependiendo de la persona no tiene ni de cerca tantas pruebas. Así que este tema es clave», recalca Connell desde el llamado Campamento Justicia de Guantánamo.
En ese complejo de barracones y edificios prefabricados en la base naval que Estados Unidos tiene en territorio cubano empieza este miércoles la citada audiencia, tras dos días de retraso porque un abogado dio positivo de covid.
Medio centenar de audiencias
Desde que en 2012 los acusados fueron recibieron formalmente los cargos por terrorismo por esos ataques en el World Trade Center, en el Pentágono y en Shanksville (Pensilvania), que provocaron casi 3.000 muertes, ha habido 47 audiencias anteriores, cada una de las cuales suele durar varias semanas.
Están citados en esta ocasión exagentes del FBI como Abigail Perkins e intérpretes de ese servicio de inteligencia, con la presencia prevista en la sala de KSM, Al-Baluchi y los otros dos acusados: Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi.
En septiembre fue retirado del caso un quinto reo, Ramzi bin al-Shibh, porque el trastorno postraumático que padece como resultado de esos años de tortura le hacen estar incapacitado para afrontar un posible juicio.
«El proceso es muy lento, pero nos encontramos en una parte muy importante del caso, la de qué pruebas serán admisibles. Estos hombres fueron torturados, no hay mucha disputa al respecto. La cuestión es si las declaraciones obtenidas después se admiten», señala Connell a EFE.
Según recalca David Bruck, representante del preso apartado, está en juego si esas confesiones fueron libres o fruto de todo lo atravesado antes.
El programa de interrogatorio de la CIA buscaba reducir a esos hombres a «máquinas de confesiones», afirma a EFE, «y el sentido común te dice que la tortura y la manipulación psicológica a la que fueron sometidos desempeñaron un rol en que decidieran que era mejor hablar con el FBI».
Juicio sin fecha
Cuestiones como esta, abordadas ya en audiencias previas, han contribuido a que el supuesto «cerebro» del 11-S y los otros acusados sigan sin el juicio programado, en parte también por otras complicaciones inherentes a la magnitud del caso y a su celebración en Guantánamo.
A ese proceso no se le vislumbra una fecha cercana y de llegar a celebrarse se prolongaría como mínimo 18 meses, calcula el coordinador de los equipos de defensa en la base, el general de brigada Jackie Thompson.
Un acuerdo negociado de culpabilidad, en su opinión, es «la mejor manera» de salir del actual «impasse»: «Ofrece una oportunidad para satisfacer completamente los intereses del Gobierno, de las víctimas y de sus familias» y de los acusados, a los que se les conmutaría la pena de muerte a la que se enfrentan por una cadena perpetua.
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