Puerto Rico recurrirá declaración de inconstitucionalidad de ley de quiebras

«Entendemos que (la decisión) es incorrecta en derecho y deja a Puerto Rico desprovisto de un marco jurídico que permita a nuestras corporaciones públicas cumplir con sus obligaciones de manera ordenada, sin afectar la continuidad de los servicios esenciales que recibe la ciudadanía», dijo el secretario de Justicia, César Miranda.

El pasado viernes por la tarde el juez federal Francisco Besosa determinó que la conocida a nivel local como «ley de quiebra criolla» es inconstitucional, porque entra en contradicción con la norma federal que regula estos procesos y que rige también en Puerto Rico por tratarse de un Estado Libre Asociado a EE.UU.

Sin embargo, Miranda anunció hoy que recurrirá esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston para tratar de rescatar la norma, llamada Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas.

Según explicó, el Código de Quiebras de EE.UU. establece que las corporaciones públicas y otras entidades gubernamentales de Puerto Rico no tienen disponible las herramientas de ese cuerpo normativo para negociar los términos de sus obligaciones.

Con la aprobación de la legislación local en junio pasado se pretendía crear el correspondiente marco legal y garantizar, según Miranda, el cumplimiento de las deudas, así como «viabilizar la recuperación de las corporaciones públicas de Puerto Rico», que acumulan juntas una deuda de unos 25.000 millones de dólares.

Según el secretario de Justicia, la decisión deja a Puerto Rico «en una especie de limbo jurídico», pues se le pone en «un estado de indefensión».

«Quedamos privados del único instrumento que teníamos disponible para manejar la deuda de forma ordenada. El efecto práctico de la decisión es que permite un desorden en el cobro de las obligaciones de las corporaciones públicas, una consecuencia claramente incompatible con el propósito del Código de Quiebras de EE.UU.», defendió.

Además, dijo estar convencido de que «no existe impedimento legal alguno para que Puerto Rico implemente los procesos establecidos en la ley» y dijo que «considerará los remedios legales disponibles para que el estatuto continúe en vigor».

La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (el brazo financiero del Gobierno) y exsecretaria de Hacienda, Melba Acosta, también habló hoy de «estado de indefensión» respecto a los mecanismos disponibles para que las entidades públicas busquen protección.

De hecho, apuntó en declaraciones a la emisora NotiUno que el mero hecho de haber aprobado esta ley permitió que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presionara a sus acreedores para que se sentaran a negociar sobre su deuda de 9.000 millones de dólares y aceptaran el retraso de ciertos pagos.

Este revés para el Gobierno de Puerto Rico tuvo hoy su efecto en los mercados de deuda, donde los bonos de la AEE se apreciaron (muestra de una mayor confianza en que la compañía tendrá que pagar sus deudas), mientras que las Obligaciones Generales bajaron ante el temor a impagos.

La ley de quiebra buscaba proteger las Obligaciones Generales del Gobierno del arrastre que podría tener el impago de las agencias públicas, ya que el pago de las primeras está garantizado constitucionalmente.

Desde la oposición se pidió hoy al Gobierno que, en lugar de recurrir la decisión, se apoyen los esfuerzos que este partido lleva a cabo en Washington para que el Congreso modifique la actual ley federal de quiebras y incluya a Puerto Rico.

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer, exhortó al gobernador, Alejandro García Padilla, a que utilice a sus cabilderos para lograr apoyos a la medida que en ese sentido tiene previsto presentar de nuevo el líder opositor Pedro Pierluisi, que es el representante de Puerto Rico en Washington.

«La solución no puede ser entregar las corporaciones públicas a los inversionistas y mucho menos atender la incapacidad del repago de la deuda con mayores impuestos al pueblo», dijo en un comunicado.

En su opinión, «es necesaria la legislación federal para atender este asunto», por lo que «el gobernador, lejos de estar pensando en gastar más dinero impugnando la decisión, debe apoyar mediante los cabilderos que tiene en Washington, que son pagados con fondos públicos, las gestiones de Pierluisi».