Luego de interminables semanas en que las pesquisas de la Procuraduría general de la República se han limitado a entrevistas e interrogatorios en el caso de los sobornos de Odebrecht sin mayores consecuencias, a diferencia de otros países donde hay enjuiciamientos y personas detenidas, aquí estamos en Belén con los pastores en actitud contemplativa.
Mucha gente se pregunta y la opinión pública así lo percibe, por qué ha sido hasta ahora tan difícil ahondar en lo que se considera el mayor escándalo de corrupción registrado en el país y a qué se debe la inexplicable tardanza en identificar a los funcionarios gustosamente sobornados y a quienes sirvieron de intermediarios para el pago de este dinero entre 2001 y 2014.
Navegando entre cajas de papeles, por un lado las depositadas por la representación local de la Odebrecht y por el otro, del contacto que habrían utilizado, la Procuraduría no ha dicho el resultado del cotejo o entrecruce de los datos e informaciones allí contenidos, si es que ha podido emprender o completar tan necesario procedimiento.
Ni siquiera ha quedado claro lo que pasará con los 184 millones de dólares que Odebrecht se habría comprometido a entregar como compensación por los sobornos, ya que falta por precisar el método a aplicar para tal desembolso, a lo que se añade ahora algo más preocupante: la compañía dice que tiene problemas de liquidez y de flujo de caja, con lo cual el pago podría quedar en una promesa o compromiso sin posibilidad real de cumplimiento.
¿Se habrán dado cuenta las autoridades que en esta oportunidad estamos ante un caso de tal envergadura y que ha tomado el carácter de masivo reclamo ciudadano, por lo que será muy difícil o casi imposible de evadir como se ha hecho con otros muchos hechos del pasado reciente en que el peculado con fondos públicos ha quedado cubierto por un manto de impunidad?
Como el soborno ha sido admitido y debidamente documentado por Odebrecht, aquí solo falta voluntad y decisión para pasar de las palabras y los hechos y llegar a sanciones ejemplarizadoras a nivel judicial, a fin de que el bochorno de estos sobornos en perjuicio del Estado y del pueblo dominicano no vuelva a repetirse jamás. Por lo tanto, no hay excusas ni patrañas posibles para que este escándalo se diluya entre la dejadez y el olvido.