Una de las crónicas deficiencias en el accionar de los organismos públicos dominicanos es la forma en que, por dejadez e irresponsabilidad, se permite que pequeñas crisis se conviertan en problemas virtualmente insolubles.
Un ejemplo palpable de esta penosa realidad lo tenemos en estos momentos con el debate, estéril y hasta bizantino, entre los ayuntamientos por el control del vertedero de Duquesa.
En medio de un conflicto que se creó al rescindirse el contrato a una empresa privada que lo operaba, ahora el cabildo de Santo Domingo Norte hasta ha llegado a hablar de la posibilidad de un posible cierre definitivo.
Aunque tal pronunciamiento quizás no pasa de ser una amenaza para imponer su punto de vista y condiciones en la problemática, es motivo de preocupación por lo que entrañaría para la salubridad pública en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.
¿Dónde se depositarían entonces los miles de toneladas de desechos que se generan diariamente en estas ciudades si el vertedero es clausurado sin previsión ni alternativas a la vista, producto de la demencial improvisación?
¿Es que lo que se busca, en medio de un debate en que predomina la cerrazón, es crear las condiciones para que la población dominicana sea afectada por un mayúsculo trastorno sanitario?
Los cabildos deben ponerse de acuerdo y poner término a este enfrentamiento, sobreponiendo a las pretensiones económicas y de control administrativo, el sagrado deber de garantizar a la ciudadanía un servicio público eficiente en un área tan vital como la recogida de basura.
El conflicto debe dirigirme conforme a la ley y la razón, pero principalmente pensando en el bienestar colectivo y el derecho de la población a no vivir en zozobra por la lucha de intereses entre funcionarios elegidos para resolver problemas y no para crearlos.
