Logrado el objetivo de alcanzar el poder, es evidente que el campo progresista se ha diluido significativamente, un hecho inesperado pues se proyectaba que ese sector tendría una incidencia importante en las ejecutorias del nuevo gobierno.
Un hecho bastante notorio en la reciente discusión sobre el proyecto de ley que introdujo el Poder Ejecutivo a las cámaras legislativas sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes fue la ausencia de voces progresistas que balancearan la discusión pública en torno a este delicado asunto. De hecho, en la sociedad dominicana siempre hubo dos corrientes de opinión en relación a la cuestión haitiana, una de orientación conservadora y otra más liberal. Aunque la primera siempre ha tenido mucho más resonancia y seguidores, la segunda tenía cierto peso en la opinión pública y en algunos partidos políticos, como fue el caso principalmente de las fuerzas seguidoras del Dr. José Francisco Peña Gómez en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y luego en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), aunque la posición liberal-progresista en el tema haitiano tuvo también cierta cabida en algunos núcleos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dada la visión que tenía el profesor Juan Bosch sobre Haití y la propia migración haitiana.
La ausencia, salvo excepciones, de las tradicionales voces progresistas en el debate público sobre la cuestión haitiana ha hecho que el debate gire alrededor de quién se mueve más a la derecha, lo que ha dejado poco margen -o prácticamente ninguno- para cualquier iniciativa que tenga una orientación progresista. El propio presidente Luís Abinader, quien dio un giro hacia la derecha en esta materia en comparación con las posiciones que su partido adoptó durante mucho tiempo, encontró que sus opositores lo colocaron a la defensiva después de haber ganado muy buenos puntos con los sectores conservadores.
Una mirada retrospectiva puede arrojar luz para entender la ausencia de una corriente progresista en la opinión pública dominicana con relación a este y a otros temas de relevancia en la vida política nacional. Lo primero a decir es que las fuerzas progresistas se aglutinaron alrededor de Peña Gómez y el PRD desde la época de los doce años del presidente Joaquín Balaguer cuando lucharon por las libertades públicas, la transparencia electoral y la construcción de instituciones democráticas. A pesar de sus frustraciones con los dos gobiernos del PRD que siguieron a la transición política de 1978, esos sectores progresistas -intelectuales, periodistas, profesionales, políticos, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y hasta núcleos de la Iglesia católica- se mantuvieron gravitando alrededor de Peña Gómez, lo que determinó que la cuestión haitiana se abordara con una sensibilidad y una perspectiva mucho más liberal que la que asumían los sectores conservadores que gravitaban alrededor de Balaguer.
Cuando se produjo la alianza electoral entre el PLD y Balaguer en la segunda vuelta electoral de 1996, los sectores progresistas adoptaron una posición antagónica frente al PLD, al que no le perdonaron haberle ganado las elecciones a Peña Gómez con el apoyo del viejo caudillo reformista. Con el tiempo, el campo progresista se amplió en la lucha política contra el PLD, pues otros sectores se fueron sumando y se montaron en la plataforma discursiva progresista en el enfrentamiento contra el PLD. Al núcleo histórico de peñagomistas se unieron paulatinamente nuevas voces, especialmente en los medios de comunicación social, que se aglutinaron alrededor del nuevo partido -el PRM- que surgió de la división del PRD.
Logrado el objetivo de alcanzar el poder, es evidente que el campo progresista se ha diluido significativamente, un hecho inesperado pues se proyectaba que ese sector tendría una incidencia importante en las ejecutorias del nuevo gobierno. Se esperaba que los núcleos liberales ligados al PRM no solo incidieran en la formulación de políticas públicas, sino también que contribuyeran a balancear el debate público y sirvieran de soporte al propio gobierno en caso de que este quisiese adoptar alguna decisión de corte más progresista en línea con las posiciones que el hoy partido de gobierno sustentara desde la oposición. La realidad es que esto no ha ocurrido y está lejos de que pueda ocurrir.
La desarticulación del campo progresista ha dejado a la sociedad dominicana sin sujetos que pudiesen ser un contrapeso ideológico saludable en el debate público no solo sobre la cuestión haitiana sino también sobre una variedad de temas en los que entran en juego ideas y valores contrapuestos. Más bien, el vacío que han dejado los sectores progresistas ha sido llenado por sectores más o menos conservadores, por lo que podríamos estar en presencia de un “pensamiento único”, para usar un término que gusta precisamente a los sectores que se han ausentado de este debate crucial en la sociedad dominicana.
Por supuesto, de lo que se trata no es de reivindicar como un todo el pensamiento progresista como si intrínsecamente tuviera una superioridad política o moral frente al otro sector, sino más bien poner de manifiesto que la ausencia de este sector en el debate público priva a la sociedad dominicana de enfoques alternativos sobre una cuestión respecto de la cual no es posible tener, por más que insistan algunos, una visión única y homogénea. La búsqueda de un balance de enfoques y posiciones -el punto medio aristotélico- puede ser la mejor opción para construir una verdadera política de unidad nacional.
El sector conservador tiene razón cuando plantea la amenaza a la seguridad nacional que representa la crisis haitiana, algo que fue subestimado durante mucho tiempo por los sectores progresistas. Tampoco se puede subestimar el énfasis que ha hecho este sector sobre las implicaciones de largo plazo que tiene la desnacionalización creciente de la fuerza laboral en áreas críticas de la economía dominicana. Pero el planteamiento de que la migración haitiana es obra de una conspiración de las grandes potencias para lograr la fusión de los dos pueblos, como se viene diciendo desde hace décadas, es algo que no tiene base de sustentación, aunque sí son válidas las críticas a las políticas fallidas de los organismos internacionales en Haití, algo que esta columna ha planteado innumerables veces.
Por otro lado, sin embargo, la pretensión de sacar a todos los haitianos del país es objetivamente imposible y aún si se pudiese, que no es el caso, una medida de ese tipo terminaría dislocando sectores fundamentales la economía dominicana, nos guste o no nos guste. Esto significa que una política integral sobre el tema haitiano tiene que incluir la recuperación del plan de regularización que se llevó a cabo por mandato de la ley de migración y por exhortación del Tribunal Constitucional en su sentencia 168-13. Es lo que ha ocurrido en todos los países que tienen poblaciones migrantes, lo cual conocen muy bien los dominicanos que han emigrado a Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Esto implica reconocimiento de derechos a quienes permanezcan en el país de manera legal, pues de lo contrario se perpetuaría ad infinitum en territorio dominicano una población totalmente privada de derechos, ya sea migratorio, laboral o de cualquier otro tipo, que a la postre hará mucho más daño que bien.
El hecho de que la perspectiva más progresista esté prácticamente ausente del debate sobre la cuestión haitiana constituye, sin duda, un triunfo político e ideológico del campo conservador. Lamentablemente, la sociedad dominicana se está quedando sin voces alternativas que enriquezcan el debate, traigan a la mesa de discusión otras sensibilidades y balanceen el proceso de toma de decisiones como debe ser en una sociedad democrática y pluralista como la nuestra.
