¿Qué hicieron los demás tentáculos de Operación Calamar?

SANTO DOMINGO.- En la desmantelada Operación Calamar, cada quien tuvo su papel de protagonismo, en el que participaron altos funcionarios y demás implicados en un entramado de corrupción que estafó al Estado durante la gestión del expresidente Danilo Medina.

En el caso del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) Francisco Pagán, este realizó volumetrías falsas de obras, incluso cerradas, según el documento del Ministerio Público.

Las medidas falsas fueron ejecutadas por la empresa de Bolívar Ventura, quien según él mismo tenía una deuda con el Estado Dominicano en contratos que datan de más de 10 años y sobre los que se le prometió entregarle los pagos.

El implicado recibió el pago de aproximadamente treinta obras que se habían construido desde la OISOE.

Para los primeros pagos a la citada estructura, Ventura utilizó la agencia de cambio RM, ubicada en la zona Este del Gran Santo Domingo, de la cual es dueño y administrador el señor Anderson Acevedo, quien le ejecutó un cambio de moneda mediante una transferencia electrónica.

En tanto, Ramón David Hernández y Yajaira Brito Encarnación, ambos empresarios, se asociaron para constituir una compañía mediante la cual usurparon la propiedad de tres parcelas ubicadas en la franja malecón perteneciente a dos razones sociales.

Además, falsificaron e hicieron uso de documentos falsos para acreditar que su compañía era la legítima propietaria de las parcelas reclamadas en pago, estafaron al Estado Dominicano con más de 500 millones de pesos, de los cuales fueron cedidos más de 408 millones a la estructura criminal.

A estos se le sumó Roberto Santiago Moquete Ortiz, quien también se unió a la sociedad de Hernández y Encarnación, para pasar a su nombre la compañía que habían adquirido de manera fraudulenta, y también la constitución de una nueva empresa con el nombre de Inmobiliaria Santa Bárbara S.R.L.

Ortiz, cedió a la organización criminal la suma de RD$296,637,125.29 a través de cesiones de crédito firmadas en la oficina del abogado Ángel Lockward.

Otra maniobra fraudulenta de los implicados en la Operación Calamar era el cobro ilícito a las bancas deportivas, aquí entra Oscar Arturo Chalas Guerrero, el cual luego fue sustituido por Julián Omar Fernando Figueroa.

Tanto Guerrero como Figueroa recibían dos millones de pesos al mes, en efectivo, por ser parte de la estructura.

Asimismo, Luis Miguel Piccirillo Mccabe, quien para el momento de los hechos era el Director Ejecutivo del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA).

Mccabe, colisionó junto al exministro de Hacienda y a los demás investigados, para realizar de manera fraudulenta la compra de los terrenos correspondiente a las parcelas 25 y 31 del DC 8, (ubicándose en dicha demarcación el mercado de productos agropecuarios denominado Merca Santo Domingo), a través CEA.

También, recibió sobornos de aproximadamente cincuenta y ocho millones por parte de la estructura de corrupción para la realización de dichos actos ilícitos que conllevaron a la estafa y desfalco del patrimonio público.

El entramado de corrupción se valió de personas físicas, abogados, bróker, empresarios, ingenieros, supuestos sucesores de las parcelas investigadas para cometer los hechos ilícitos, entre ellos están implicados Claudio Silver, Belkiz Tejada, Alejandro Constanzo y Emilio Rivas.

Estos realizaron de manera fraudulenta la compra y pago de los terrenos expropiados a través de Bienes Nacionales, Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA).