Las fuertes denuncias efectuadas por el comisionado ejecutivo para la reforma policial, José Vila del Castillo, de que en la Policía Nacional había “una corrupción histórica, sistemática, llevada de un director a otro, impulsada desde la cabeza, obligando al último raso a pertenecer a ella”, y la definición del proceso de reforma de la institución como una lucha contra «la lacra de la corrupción», no han causado sorpresa a la mayoría pues desde hace años esta es la percepción ciudadana, y por eso los elevados niveles de desconfianza en dicha institución.
No obstante, han causado la ofensa y repudio de los exdirectores o jefes de dicha institución del orden, habiendo un grupo de estos publicado un comunicado en el que lo emplazaron “a que demuestre con pruebas sus afirmaciones imprudentes, pues estamos dispuestos a defender el honor con las mismas fuerzas que defendimos a los ciudadanos arriesgando muchas veces nuestras vidas.”, habiendo llegado algunos ex miembros de dicha institución hasta el extremo de declarar al comisionado como persona no grata, como hiciera la sociedad de generales retirados de la Policía Nacional.
Si bien es cierto que las generalizaciones siempre implican injusticias, porque ningún ente es totalmente bueno o malo, y toda regla tiene excepciones, es indiscutible que en la Policía como en otras instituciones del orden la corrupción hizo su nido, y que malas prácticas se enquistaron en esta y continuaron quizás a pesar de esfuerzos individuales de algunos incumbentes, pues se había estructurado un esquema de operación en el que como se ha denunciado, no solo se vendían ascensos, traslados, asignaciones, sino que incluso en divisiones que se suponían especializadas y con mayores niveles técnicos, como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) operaba un entramado de corrupción con nóminas falsas que supuestamente dirigían altos mandos, como ha sido puesto en evidencia en expedientes acusatorios del Ministerio Público y declaraciones de testigos en procesos actualmente en curso en la justicia.
Y esto no ocurre solamente en la Policía y las fuerzas del orden, sino en muchas instituciones públicas, y también privadas, porque la corrupción lamentablemente se alimenta de la impunidad, y esto es lo que ha habido históricamente en nuestra sociedad, por eso tiene razón el comisionado cuando expresó “que la Policía es un reflejo de la sociedad. Una policía corrupta, es una sociedad corrupta. No hay una Policía sin Sociedad, y no hay una sociedad sin Policía”.
Por eso lejos de ofendernos y rasgarnos las vestiduras, o de expresar que esto no es nada nuevo y que con las denuncias no se resolverá el problema de inseguridad, debemos reflexionar como sociedad no solo sobre los niveles de corrupción reinantes en instituciones como la Policía y sobre la forma de apoyar la titánica tarea que significa su transformación, sino en los altos niveles de tolerancia y de complicidad que se dan a lo ancho de la sociedad, pues las malas prácticas en esta y otras instituciones requieren de la participación de otros que estén dispuestos a ser parte del entramado.
Desafortunadamente muchas de las malas prácticas toleradas por la sociedad se han tornado en acciones justificadas en la práctica para algunos, y lo peor es que quienes las ejercen entienden que no tienen nada de malo porque son parte del sistema, o porque es el mecanismo que tienen para mitigar los bajos salarios, o es la vía para poder hacer ciertos negocios, obtener algunos permisos, o conseguir los servicios que como ciudadanos estamos supuestos a recibir.
Ojalá que la voluntad de reformar nuestra Policía no perezca en el intento porque sabemos que luchar contra la corrupción es una tarea difícil, y desmontar malas prácticas, mafias y esquemas ilegales causa ruidos, genera enemigos y exige no solo firmeza, sino continuidad, porque la mala hierba inveteradamente vuelve a crecer, si la mano del segador no se mantiene al acecho.