La selección de
los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) reviste gran importancia para nuestra
democracia, sin embargo, su selección ha estado generalmente marcada por el
deseo del presidente de turno de controlar dicho organismo y por el reparto
político.
Y precisamente
por ese tinte político hemos tenido en muchas ocasiones falta de confianza en
la JCE, en momentos incluso de crisis electorales en nuestra historia
democrática reciente, en las que ante la desconfianza en la imparcialidad de sus
miembros se ha requerido la actuación de representantes de la Iglesia para auspiciar
diálogos y consensos, de comisiones de seguimiento, y hasta se ha tenido que recurrir
a modificar la ley electoral, como se hizo en el 2003, como solución a la
crisis desatada por la imposición de la reelección de su presidente, aumentando
los miembros de la Junta a 9 y dividiéndola en dos cámaras.
Por eso es una
señal trascendente la que ha dado el presidente Luis Abinader al reiterar que
tiene un compromiso de llevar personas independientes a la JCE, lo que
constituye la mejor vía para dotar de credibilidad a ese organismo, como
sucedió en el año 1994 luego de la crisis electoral y la firma del pacto por la
democracia, eligiéndose una Junta presidida por César Estrella Sahdalá, cuyo
suplente era Jorge Subero Isa, y constituida por otras personalidades, que se
destaca como uno de los puntos más luminosos de la historia de dicho organismo.
En esta ocasión
tenemos la oportunidad de remediar la situación que creaba el requisito de la
anterior legislación electoral de que los miembros de la JCE debían ser
abogados, en un órgano que necesita capacidad de gestión, lo que
afortunadamente se limitó en la nueva Ley 15-19 para el presidente de esta,
pudiendo ser los demás profesionales del área de administración, informática,
ciencias jurídicas o afines.
El Senado debe elegir una nueva JCE conformada por personas que
reúnan el perfil idóneo, lo cual va mucho más allá de los requisitos que
establece la ley que cualquiera puede cumplir, con una reconocida y probada
trayectoria, tanto los cinco titulares como sus suplentes, pues como se vio en
el recién pasado proceso electoral, la inviabilidad de usar los suplentes llegó
incluso a provocar gran inquietud ante la renuncia, luego retirada, de uno de
sus miembros.
El país y nuestra democracia han pagado un costo
muy alto por malas selecciones de personas, algunas buenas, pero sin la
independencia y firmeza requeridas, de cuadros políticos sin mayor mérito que
el de su afiliación partidaria, así como por malas decisiones de presidentes
autoritarios que con el apoyo de su partido impusieron su voluntad por encima
de lo racional, y de personas que aunque probas carecían de las capacidades
para gestionar adecuadamente los procesos, o de la firmeza para no dejarse envolver
por los enredos políticos.
El trauma vivido
en las pasadas elecciones debe estar muy presente al momento de tomar esta
decisión, para asimilar que no solo se necesita una JCE que complazca a los
partidos y la sociedad civil distribuyendo sus miembros, sino de una Junta que
reúna las competencias necesarias en regulación, gestión, logística,
informática, para que aventuras tan lamentables como la del voto automatizado
no se repitan. Esperemos que los miles
de millones que se desperdiciaron en las fallidas elecciones municipales y el
voto automatizado que tanta falta nos hacen, no se olviden y sirvan de
recordatorio para que todos exijamos que se deje atrás la vieja y mala práctica de la
repartición, y se escoja bien, seleccionando miembros y suplentes capaces con
competencias divididas que hagan la debida sinergia, que tengan la independencia,
templanza y firmeza requeridas, y sobre todo que generen credibilidad y
confianza, lo que no dependerá únicamente de sus competencias sino de su
solvencia moral, historia de vida y actuaciones. Ojalá que el nuevo Senado esté
a la altura de este gran reto.