Luego del episodio que se siguió con la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, con un final entre sorpresa y previsible como en las telenovelas, ahora la atención se centra en lo que ocurrirá con la selección de los integrantes de la Cámara de Cuentas.
Ante el inicio de las vistas públicas con los primeros 25 aspirantes, la pregunta obligada que se hace en ciertos corrillos políticos y principalmente en las redes sociales es si, al igual que lo ocurrido en la Junta, no se trata de una fachada o mera formalidad protocolar para encubrir una escogencia previamente amarrada al margen de un proceso publicitado como libérrimo y participativo.
Quisiéramos pensar que no se repetirá este manejo desfachatado, en burla y menosprecio a quienes de buena fe y pensando que tienen posibilidades se han sometido, primero a evaluaciones de diversos organismos, y ahora ante la Cámara de Diputados, creyendo que serán tomados en serio.
Además de que sería una incalificable desconsideración a esos aspirantes, algunos sin nombradía pero no por esos desprovistos de competencia e integridad, estaríamos nuevamente estructurando mediante manejos político-partidarios, un organismo que está llamado a jugar un papel fundamental para el control y supervisión de la forma en que se utilizan los fondos públicos.
¿De qué manera podemos confiar o tener garantía absoluta de que se podrá cumplir ese objetivo en pro de la transparencia y en contra de la corrupción administrativa, si esta elección se hace en función de conveniencias grupales y no pensando seriamente en la institucionalidad y el interés general?
Es de esperar que de los 259 aspirantes, entre los que se incluyen los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, se pueda hacer una elección que despeje cualquier duda o suspicacia, si de verdad nos vamos a encaminar por un sendero de auténtica institucionalidad democrática.