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¿Qué pasará?

Fuera de la retórica y de pronunciamientos protocolares e independientemente de sinceridad y buenas intenciones, lo que se impone en el diferendo dominico-haitiano sobre el derecho a la nacionalidad nacional es pasar de las palabras a los hechos.

El cuerpo diplomático acreditado en el país ve positiva la cita de Juana Méndez y tienen razón, ya que como habíamos señalado editorialmente, era una oportunidad para sentar las bases de un diálogo franco, sereno y respetuoso que contribuya a reorientar la agenda dominico-haitiana, dejando de lado conflictos y enconos particulares.

Sin embargo, luego de la declaración hecha en el marco del encuentro, se han producido exposiciones que hacen dudar sobre la efectividad o alcance de lo tratado.

Mientras República Dominicana anuncia que prepara una “legislación adicional”, desde Haití se plantea que los planes de nuestro país para la regularización de los descendientes de haitianos no resuelve el caso de los “apátridas”, o sea la identidad de quienes fueron afectados por la controvertida sentencia.

Entonces, el punto nodal o la pregunta crucial que amerita respuesta gira en torno a ¿cómo se podrán conciliar estos puntos de vista encontrados para que República Dominicana pueda satisfacer la exigencia haitiana sin violentar el espíritu del dictamen de la alta corte?

Son muchos los temas y prioridades que tiene por delante nuestro país y el conflicto con Haití ha disipado ya demasiado tiempo y energía que deben ahora enfocarse a resolver cuestiones que son vitales en la agenda nacional para la calidad de vida de los dominicanos.

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