Que se postergue

Si algo ha caracterizado al polémico proyecto de las plantas a carbón de Punta Catalina, es que las decisiones respecto de este se han impuesto principalmente por razones políticas. La primera fue dejar sin efecto la licitación para compra de energía que estaba en curso previo al inicio del primer mandato del presidente Medina, para adjudicar su construcción a Odebrecht, complaciendo a los presidentes amigos Lula y Rousseff.

También se impuso que las plantas fueran a carbón a pesar de la tendencia internacional de descontinuar el uso de esta tecnología, lo que se justificó por el ahorro que se derivaría del precio del carbón estimado  en  US$441.6 millones  anuales calculado sobre la base de que el costo promedio del kwh de energía era de US$18.1 centavos, costo que  en el trimestre julio a septiembre de 2019 fue de US$12.49, lo que reduce significativamente el ahorro argumentado.

Mediante la ley 394-14 se dispuso que el Estado en contraposición al rol que debe desempeñar en el sector eléctrico promoviera la generación de electricidad y se exceptuaron del procedimiento de licitación previsto en la ley de electricidad a las compras de energía efectuadas por las distribuidoras mientras sean propiedad del Estado respecto a la generación de propiedad estatal, lo que constituye una discriminación y competencia desleal respecto de las demás generadoras.

Las suspicacias sobre el costo de las plantas que según el contrato sería de US$1,945 millones y sobre la capacidad del Estado para operarlas afloraron en las discusiones del pacto por la reforma del sector eléctrico y se hicieron propuestas de practicarles una auditoría y realizar luego una licitación internacional para su venta, pero por imposición de las autoridades el tema de Punta Catalina se sacó de la discusión, lo que explica en parte por qué no se pudo firmar dicho pacto.

Con la explosión  del escándalo de corrupción internacional llevado a cabo por  ODEBRECHT  se impusieron otras decisiones por razones políticas, como la designación  de una comisión especial para investigar la licitación y adjudicación de  Punta Catalina, como una forma de dejarla fuera del proceso judicial y el mantenimiento como proveedora del Estado de  esta empresa a pesar de haberse declarado culpable de sobornos, y la suscripción de un cuestionado acuerdo mediante el cual esta reconoció haber pagado sobornos por US$92 millones y se comprometió a resarcir al Estado con el pago de US$184 millones en 8 años.

El apuro de terminar la obra fue tal que, ante el reclamo de sobrecostos por ODEBRECHT por US$708 millones llevado a un arbitraje internacional, las autoridades con tal de no parar la construcción decidieron avanzarle US$336 millones.

La filtración de documentos que fueron investigados por un consorcio periodístico internacional  reveló a mediados de año que habían más de US$39.5 millones en pagos asociados a Punta Catalina lo que en parte puede explicar por qué luego de que las autoridades impusieran su decisión y de que gastaran sumas millonarias en publicidad para convencer a la población de que la decisión impuesta era la conveniente, ahora pretendan  iniciar un proceso para la venta de las acciones de la sociedad que será propietaria de las plantas cuyo costo reconocido es de US$2,500 millones, sin que esté incluido el del contrato de venta de energía con las distribuidoras.

Este cuestionado proyecto ha estado plagado de imposiciones y ha sido señalado como parte de un gravísimo escándalo de corrupción, lo que aún no ha sido investigado.  Esto sumado a que el gobierno que impulsó esta obra está llegando a su final son razones válidas para reclamar que esta operación de venta se realice luego de que se elijan las nuevas autoridades.  Si la transición del 2012 impuso injustificadamente la suspensión de la licitación, con sobrada razón la del 2020 debe postergar esta operación.