¡Qué vergüenza!

En un país donde hospitales están en crisis por la carencia de insumos básicos y hay escuelas que imparten clases a la intemperie, es vergonzoso que se haya construido con fondos del Estado un complejo de torres lujosas para asignarlas a parientes y allegados a círculos del poder político.

Las torres Progreso, levantadas en la avenida Luperón a un costo de 1,081 millones de pesos sin contar con el precio del terreno, son un penoso exponente del despilfarro que se hace en el país con recursos públicos sin seguir un verdadero orden de urgencias y prioridades.

¿Cómo es posible que se haya destinado esa cuantiosa suma para un proyecto habitacional suntuario, mientras muchos dominicanos de escasos recursos carecen aún de un techo propio que el Estado podría facilitarles mediante la construcción de viviendas modestas de interés social?

¿Es que tenemos que soportar la descarada falsía de partidos y dirigentes políticos que proclaman un supuesto interés por combatir la pobreza que en la práctica se reduce a una vulgar mentira como parte de un irresponsable ejercicio de demagogia?

Este caso constituye una afrenta para una sociedad que aspira ser regida por dentro de un estado de derecho e autentica igualdad ciudadana frente al imperio de la ley y sus instituciones.

Si en lugar de hacer esta innecesaria construcción, la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana hubiera hecho acopio de esos recursos como una reserva estratégica, es probable que el actual hoy fiscal tuviera una menor dimensión y quizás no pudiéramos que padecer los trastornadores efectos de un nuevo “paquetazo” impositivo.

Este caso es todavía más bochornoso porque en su gran mayoría los apartamentos fueron entregados, de forma selectiva, graciosa y por manifiesto “favoritismo” a personas con vínculos familiares y políticos cercanos al PLD.

El hecho que por lo menos uno de esos apartamentos, valorados en 7.2 millones de pesos, se haya puesto en alquiler públicamente, demuestra que las asignaciones se hicieron sin investigar o tomar en cuenta que algunas personas en realidad que no los necesitaban, porque tenían ya una o varias viviendas, según registros inmobiliarios y catastrales.

El silencio oficial mantenido hasta ahora por el INVI y las autoridades en general es una burla a una opinión pública indignada por tantos dislates ejecutados con marcado descaro frente al contribuyente y a una ciudadanía que merecen respuestas y explicaciones serias sobre la forma en que se emplean los fondos públicos.