La carta de la jueza Pilar Jiménez al Consejo Nacional de la Magistratura reavivó las dudas sobre los criterios usados en las evaluaciones de desempeño.
Santo Domingo.– La reciente carta enviada por la jueza Pilar Jiménez al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en la que expresa su inconformidad con la evaluación de desempeño que le fue realizada, ha reavivado las dudas sobre los criterios utilizados por este organismo para valorar a los jueces.
La Red de Observadores por la Institucionalidad manifestó su inquietud sobre lo que describen como un «patrón» en las evaluaciones del CNM, cuestionando especialmente los criterios discrecionales utilizados por los consejeros.
Señalaron que la selección de jueces no debe estar influenciada por presiones políticas, sino centrada en garantizar la eficiencia judicial y la confianza pública en las decisiones del Consejo.
«Los pronunciamientos de esa acta no eran para menos», expresaron, al tiempo que resaltaron que el CNM es responsable de elegir a quienes representarán al país en las más altas cortes. Por ello, insistieron en que debe producirse un cambio en este tipo de prácticas para fortalecer la institucionalidad y la transparencia.
El presidente del Colegio de Abogados coincidió en que, si bien el CNM actuó conforme a sus facultades legales, la carta de la jueza Jiménez debe ser tomada en consideración en las evaluaciones que actualmente se realizan a los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Superior Electoral.
Por otro lado, el ex procurador Francisco Domínguez Brito consideró que la queja de la jueza evidencia que las futuras selecciones podrían estar determinadas por intereses políticos.
Recordó que ya se han visto señales similares en designaciones previas, tanto en el Tribunal Constitucional como en la Suprema Corte de Justicia. A su juicio, existe el temor de que los nuevos jueces a designar estén vinculados a allegados del Gobierno.
El Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que evalúa y escoge a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y ahora también al procurador, se encuentra en pleno proceso de selección.
En esta ocasión, busca completar al menos cuatro vacantes en la Suprema Corte de Justicia, un proceso que, según diversos sectores, debe conducirse con mayor transparencia, rigor técnico y sin influencias externas.
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9 marzo 2026
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