El Estado dominicano acusa a exfuncionarios de la CDEEE y empresarios por montar un esquema de contrataciones fraudulentas en el sector eléctrico.
Santo Domingo.- El Estado dominicano, junto a EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, presentó en 2021 una querella penal que acusa a exfuncionarios de la CDEEE y a un grupo de empresarios de haber montado un esquema de contrataciones fraudulentas y sobrevaloradas que desvió cientos de millones de pesos en perjuicio del patrimonio público.
La querella apunta a lo que describe como un fraude estructurado en el sector eléctrico, con epicentro en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las tres distribuidoras (EDESUR, EDENORTE y EDEESTE).
Entre los señalados figuran exfuncionarios como Jerges Rubén Jiménez Bichara, exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE; Fernando Rosa Rosa, directora de Finanzas; y los exadministradores Luis Ernesto de León, Rubén Montás, Radhamés del Carmen Mariñez y Julio César Correa.
La acusación sostiene que dichos funcionarios favorecieron a un grupo de empresarios ligados al poder político, entre ellos Maxy y Gerardo Montilla Sierra y Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.
Según el documento de la denuncia, dice que los contratos eran amañados, sobrevaloraciones y con compras dirigidas en beneficio de empresas creadas para servir de intermediarias, muchas de ellas sin capacidad técnica ni financiera. La lista incluye más de veinte compañías, como Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa, Importadora Eaglerise y Wattmax Dominicana, entre otras.
La querella tipifica los delitos de estafa agravada, prevaricación, coalición de funcionarios, falsificación, asociación de malhechores, soborno y lavado de activos, citando los artículos del Código Penal y las leyes sobre lavado vigentes.
Uno de los puntos más sensibles del caso es que los principales beneficiarios estaban inhabilitados por ley para contratar con el Estado, dado que eran familiares y allegados directos de la exprimera dama Rosanna Montilla Espinal y del expresidente Danilo Medina. Pese a ello, las distribuidoras suscribieron contratos millonarios que hoy son señalados como fraudulentos.
El propio Estado dominicano se constituyó en parte civil en un caso de gran corrupción.
Todas ellas, junto al Estado, son representadas por el licenciado Andrés Astacio Polanco, designado mediante el Poder Especial Núm. 55-20 otorgado por el presidente Luis Abinader el 28 de diciembre de 2020.
El equipo legal que impulsa la acción está integrado por los abogados Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez Núñez y José Figueroa Güílamo, de la oficina Valerio Jiminián Roa, con sede en Santo Domingo.
La querella apunta a un grupo de altos exfuncionarios y empresarios que, según se describe, montaron un esquema fraudulento para beneficiarse de contratos sobrevalorados y compras amañadas en el sector eléctrico.
Jerges Rubén Jiménez Bichara, exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE.
Fernando Rosa Rosa, directora de Servicios Financieros de la CDEEE.
Luis Ernesto de León Núñez, exadministrador de EDEESTE.
Rubén Montás Domínguez, exadministrador de EDESUR.
Radhamés del Carmen Mariñez, exadministrador de EDENORTE.
Julio César Correa, exadministrador de distribuidora eléctrica.
Maxy y Gerardo Montilla Sierra.
Juan Alexis Medina Sánchez (hermano del expresidente Danilo Medina).
Memessin Elías Márquez Sarraff.
Domingo Antonio Santiago.
Julián Esteban Suriel Suazo.
Wacal Vernavel Méndez Pineda.
Miguel Antonio Reyes Reyes.
Peter Alexis Francisco Tejada.
Dileisi de Jesús Rivera.
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