SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La vieja expresión de que los molinos de la justicia suelen moler con lentitud se aplica con toda propiedad a lo que ocurre actualmente en el país con ciertos casos a los que, de forma inexplicable, se les da largas, no se actúa o simplemente se ignoran.
Esta dejadez, que en algunas ocasiones no parece fortuita o fruto únicamente de incompetencia o insensibilidad, es particularmente penosa cuando de por medio está algo tan delicado como la salud física y mental de los niños.
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Esta falla o debilidad institucional se ha puesto de manifiesto por la tardanza con que se ha enfrentado el caso de un joven de 17 años que abusaba sexualmente de varios menores, algunos de los cuales no alcanzaban los 10 años de edad.
Más de dos meses se tardaron las autoridades del Ministerio Público de Santiago para apresar a este pervertidor, a pesar de que desde principios de mayo, el programa El Informe había aportado material audiovisual sobre su infame comportamiento.
Invocando a veces tecnicismos, argucias de tipo legal y algunos protocolos, las autoridades judiciales se ajustan escrupulosamente a una burocracia que no siempre es efectiva y funcional, porque permite ganar tiempo a delincuentes, criminales y degenerados.
¿Cómo se puede justificar, por lo menos de forma convincente, la inacción frente a este horrendo caso de abuso a menores, cuando el Ministerio Público tuvo acceso a una grabación encubierta del adolescente, realizada por el equipo de El Informe, en el que habla detalladamente de los hechos y de la participación de un adulto?
¿Cuántos niños pudieron ser abusados en estos sesenta días, cuando el deber moral de las autoridades, por mandato de la Constitución y las Leyes, es proteger a todos los ciudadanos, principalmente a aquellos en situación de riesgo o abusos?
¿Cómo se explica, que enteradas mediante una confidencia, las autoridades educativas de la escuela donde estudiaba el menor abusador, silenciaran este hecho sin adoptar medida alguna, como si se tratara de un inocente juego de niños?
Igualmente reprochable es la actitud de representantes del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, ya que desde principios de junio admiten tenían una orden de arresto y no actuaron rápidamente ante los hechos.
¿Quién responderá ante la sociedad por la dignidad de estos niños abusados y de sus parientes que sufrirán, quizás de por vida, el lastre de estos enojosos episodios?
Como señaló certeramente una sicóloga: ¿qué mas pruebas se necesitan para detener al culpable de ofender de forma tan despiadada la inocencia infantil? ¿Podrá la burocracia vencer o ahogar el reclamo de justicia?