Racionalidad y no emotividad

Según datos presentados por la JCE los equipos utilizados para las primarias costaron RD$1,008,000,000.00, por lo que, si se mantuviera una máquina por mesa electoral, lo que podría resultar insuficiente para mesas con muchos votantes inscritos, se infiere que la inversión que resta por hacer en equipos es de más de mil millones de pesos.

Muchas situaciones en nuestro país se convierten en problemas por falta de un concienzudo análisis preliminar que permita la toma de decisiones racionales, ya que lamentablemente las urgencias coyunturales, los intereses de la mayoría de turno o los caprichos de algunos funcionarios son los que muchas veces priman, por eso tenemos un historial de malas decisiones por las que hemos pagado los platos rotos todos sin que los responsables hayan respondido por los perjuicios causados.

Las autoridades decidieron promover la celebración de primarias simultáneas, que afortunadamente no se aprobaron como obligatorias tal cual querían, y mientras la Junta Central Electoral (JCE) alertaba sobre su costo, estas se afanaban en minimizarlo.  Esa misma JCE también llamó la atención sobre la conveniencia de implementar la propuesta que tenía en carpeta de llevar a cabo un plan piloto de voto automatizado, como mecanismo para poder enfrentar la logística de la celebración de unas primarias simultáneas por el alto número de precandidatos, lo que se decidió por la inminencia de las primarias sin profundizar el análisis ni cumplir con necesarias auditorías previas.

En base a las proyecciones de participación esperadas la JCE celebró las primarias simultáneas en 7,372 de 16,499 existentes a nivel nacional, con una máquina o equipo de votación automatizada por mesa, habiéndose evidenciado que el número de mesas y máquinas fue insuficiente.

Nuevamente se está tratando un tema que amerita racionalidad con emotividad, y los líderes del fraccionado partido oficial están dividiendo el debate entre estar totalmente a favor o totalmente en contra del voto automatizado, como si no existiesen posibilidades intermedias, presentando los primeros la no continuación con este sistema como “traer el caos al país” u ocasionar “un retroceso”, y los segundos como si continuarlo fuese dar paso al fraude.

Debe tenerse claro  que tanto el voto automatizado como el electrónico han ocasionado interminables debates en los países que lo han implementado o intentado adoptar, que apenas unos 6 países en el mundo poseen sistemas electrónicos o automatizados de votación, sólo unos cuantos los usan al 100% y algunos los han suspendido temporal o definitivamente por considerarlos poco confiables y que generalmente su implementación se ha hecho con gradualidad.

Según datos presentados por la JCE los equipos utilizados para las primarias costaron RD$1,008,000,000.00, por lo que, si se mantuviera una máquina por mesa electoral, lo que podría resultar insuficiente para mesas con muchos votantes inscritos, se infiere que la inversión que resta por hacer en equipos es de más de mil millones de pesos.

Para definir si el voto automatizado se utilizará o no en las elecciones de 2020 y cómo se utilizará, si total o parcialmente, para algunos niveles de elecciones o en algunas demarcaciones únicamente, debe ante todo realizarse una auditoría forense confiable que despeje las dudas generadas a raíz del proceso de primarias,  la JCE debe informar cuánto más dinero habría que invertir  para utilizar el voto automatizado en las elecciones de 2020, ya fuere  en los 3 niveles presidencial, senatorial y municipal, o parcialmente en niveles municipal y congresual, y tratar de llegar a un consenso con los partidos para determinar luego de esta auditoría cómo se aplicaría tratando de conciliar racionalidad económica de la inversión ya realizada y la que restaría, como la seguridad y confiabilidad necesaria de los procesos.

No podemos permitir que un tema tan trascendental y una inversión tan importante sean desnaturalizados por antagonismos políticos, la decisión sobre el voto automatizado requiere el rigor de los procesos de auditoría que no se hicieron antes, información pormenorizada sobre su costo, así como racionalidad y consenso para implementar lo que sea más conveniente para el país, y no para complacer a una u otra parte de los extremos de la discusión.