Santo Domingo.– Rafael Castillo, diputado y vocero de la Fuerza del Pueblo en la cámara baja, acusó a la Alcaldía de Santo Domingo Este de imponer un “desorden y negocio ilegal” en el proceso de registro e incautación arbitraria de motocicletas.
En rueda de prensa, Rafael Castillo aseguró que, en vez de contribuir al orden y la seguridad del transporte en Santo Domingo Estecon la licencia de operación, la alcaldía parece ejecutar un negocio ilegal y violatorio de todos los preceptos legales.
Según explicó Castillo, el cobro de mil pesos de licencia de operación para motoconchos y otros motociclistas, así como la incautación aplicada a quienes no paguen, contemplado en el Reglamento 02-2023, “aprobado sin cumplir con los requisitos legales de consulta y publicidad establecidos en la Ley 176-07 de los Ayuntamientos y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública”.
Agregó el diputado,
Rafael Castillo advirtió que las incautaciones de motocicletas por parte de la Policía Municipal carecen de base legal.
Suscribete al newsletter de Noticias SIN
Los artículos 173 y 174 de la Ley 176-07, dijo, no les otorgan facultad para retener vehículos ni bienes muebles: estas acciones violan la ley y podrían acarrear responsabilidades penales directas para el alcalde como jefe de ese cuerpo.
Rafael Castillo accionará en la justicia para detener abusos y cobros ilegales de la Alcaldía
Para Castillo, el desorden, la improvisación y los negocios desde la Alcaldía de Santo Domingo Este no se pueden imponer en el municipio, por lo que, junto a su equipo, anunció el desarrollo de las siguientes acciones:
1. Inicio de un proceso judicial para declarar nulo el Reglamento 02-2023
2. Solicitud de una medida cautelar para suspender su aplicación inmediata
3. Entrega de un poder a un equipo de abogados que ya trabaja en estas acciones
4. Apoyo legal gratuito a los motoconchos víctimas de abusos, cobros ilegales o incautaciones por parte del Ayuntamiento
“Santo Domingo Este necesita orden, seguridad y transparencia en el tránsito, no desorden, abusos o negocios disfrazados”, concluye el documento compartido por Rafael Castillo.
