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Rastreo telefónico a periodista mancha imagen sobre libertad prensa

Rastreo telefónico a periodista mancha imagen sobre libertad prensa
Rastreo telefónico a periodista mancha imagen sobre libertad prensa
Espionaje.

Espionaje.

SAN JOSÉ.- El rastreo telefónico que las autoridades judiciales realizaron a un periodista en Costa Rica supone una mancha a la imagen de este país, reconocido internacionalmente por sus políticas de respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa.

El caso, que salió a la luz pública en enero pasado, ha sido una de las mayores polémicas que han enfrentado las autoridades judiciales de Costa Rica en los últimos años y que ha unido al gremio periodístico en rechazo de esa práctica.

Tras dos meses de estudio de un recurso de amparo firmado por varios directores de medios de comunicación, la Sala Constitucional determinó el pasado viernes que el rastreo del teléfono del periodista del “Diario Extra” Manuel Estrada incurre en violaciones a los derechos de intimidad y del secreto de las fuentes periodísticas.

Entre algunas consideraciones que redactaron individualmente los magistrados, se destaca que los rastreos telefónicos requieren de orden judicial, por lo que “se declara nula toda la prueba recabada como consecuencia de la violación constitucional”.

El fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, reconoció en enero pasado que hubo un rastreo de llamadas pero afirmó que nunca se intervinieron teléfonos.

Explicó que este rastreo es parte de una investigación contra una funcionaria judicial que es sospechosa de divulgar a la prensa información confidencial de un caso de secuestro que habría puesto en riesgo a las víctimas.

La resolución de la Sala Constitucional viene a zanjar el asunto, al ordenar a las autoridades judiciales no utilizar como prueba el rastreo y no repetir hechos similares en el futuro.

Sin embargo, hubo diferencias de criterio entre algunos magistrados que consideraron que se necesita de una orden judicial para realizar un rastreo de las llamadas telefónicas y de otros que creen ni siquiera con una orden de un juez se puede realizar en el caso de los periodistas.

La presidenta Laura Chinchilla dijo en enero que esperaba que se tratara de un “hecho aislado” y no de una política de funcionarios que podría afectar la libertad de prensa, un tema en el que el país se ubica en el lugar 21 a nivel mundial y primero en América Latina, según el ránking anual elaborado por Reporteros sin Fronteras.

El rastreo telefónico será expuesto por el Diario Extra como un caso de “espionaje” en la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se llevará a cabo en abril próximo en Barbados.

Este caso ha unido al gremio periodístico del país desde los principales medios de comunicación, hasta el colegio de periodistas que exigieron garantías para ejercer un periodismo libre sin ningún tipo de amenazas, en el marco de un país democrático.

El asunto generó presión sobre el fiscal general del país, Jorge Chavarría, y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Francisco Segura, pero se han mantenido en sus cargos.

La resolución de la Sala Constitucional se puede considerar como la segunda victoria del gremio periodístico en los últimos años, pues el año pasado logró que el Congreso reformara un artículo de la “Ley contra Delitos Informáticos” que establecía penas de cárcel a quienes publicaran “informaciones políticas secretas”.

Esta ley, que entró en vigencia en el 2012, fue llamada por algunos medios de comunicación como “La Ley Mordaza”, aunque el artículo polémico se encontraba en el Código Penal desde hace décadas.

El gremio periodístico y el Gobierno acordaron reformas a la ley y en abril de 2013 fueron aprobadas por el Congreso.

Los diputados sustituyeron los términos “informaciones políticas secretas” por “secreto de Estado”, cuya divulgación tendrá un castigo de uno a seis años de cárcel.

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