La Corte de Apelación respalda medidas impuestas a los Espaillat en el caso Jet Set, desestimando apelaciones.
Santo Domingo.- La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ratificó las medidas de coerción impuestas a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados en el denominado caso Jet Set, al desestimar los 26 recursos de apelación presentados por los querellantes que buscaban endurecer las condiciones impuestas por la justicia.
Mediante la Resolución Penal núm. 502-01-2025-SRES-00246, el tribunal, integrado por las magistradas Nancy María Joaquín Guzmán, July Elizabeth Tamaríz Núñez y Mariana Daneira García Castillo, confirmó de manera unánime y en todas sus partes la decisión emitida previamente por la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente.
Los apelantes solicitaban que las medidas fueran sustituidas por prisión preventiva, alegando supuestos riesgos procesales. No obstante, el tribunal reafirmó la decisión que impone a los imputados una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, y reiteró la declaración del caso como complejo.
Las juezas consideraron que dichas medidas resultan adecuadas y proporcionales, tomando en cuenta que no se ha demostrado peligro de fuga, ni existen indicios de que los acusados busquen entorpecer la investigación, destruir pruebas, o que representen una amenaza para las partes involucradas o la sociedad.
En sus fundamentos, el tribunal citó el artículo 234 del Código Procesal Penal, que establece que la prisión preventiva solo procede cuando no sea posible evitar razonablemente la fuga del imputado mediante medidas menos gravosas, o cuando su libertad represente un peligro real para el desarrollo del proceso.
El caso conocido como Jet Set ha generado amplio interés público por la relevancia de los imputados y el volumen de recursos involucrados. {
La investigación se enmarca dentro de los esfuerzos del Ministerio Público por desarticular presuntas estructuras ligadas a delitos económicos, lo que ha llevado a la justicia a declarar el proceso como complejo, dada la cantidad de querellantes, la naturaleza de las acusaciones y la necesidad de un análisis financiero profundo.
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