Nueva York.- El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara afirmó que la alta corte no cede ante acciones de grupos de interés u organizaciones o sectores privados.
“Si cada juez no es independiente, el Tribunal no puede serlo. El Tribunal Constitucional no recibe órdenes ni acepta presiones de los poderes públicos nacionales ni de organismos internacionales ni de gobiernos extranjeros. Ha adquirido la madurez para tener una visión de Estado cuando así lo requiere el interés nacional”, dijo durante la XXVIII Edición del World Law Congress que se realiza en Nueva York.
En su discurso, titulado “La independencia del juez constitucional” y como panelista en la mesa sobre “Independencia judicial”, consideró que hoy en día, la institución ha realizado un ejercicio de independencia, debido a la labor de los jueces que hasta ahora lo han conformado.
En el mismo espacio, añadió que la independencia del juez constitucional estará garantizada por su sometimiento a la Constitución, debido a que ni el Tribunal Constitucional ni ningún magistrado están por encima de la carta magna, a la que definió como un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes.
Para Ray Guevara el peligro mayor sigue residiendo en la tendencia a la tiranía de los poderes organizados de las autoridades públicas del Estado.
“La justicia constitucional implica que el poder de aquellos que gobiernan se encuentra limitado por la Constitución, la norma, sus principios, sus valores y, por ende, se han previsto procedimientos y se han creado organismos para dar contenido a tal limitación”, enfatizó.
En ese sentido, el magistrado presidente de esta corte precisó que las 6,680 sentencias pronunciadas por el TC, han generado una jurisprudencia a favor de los ciudadanos; sin embargo, agregó que la inejecución de las mismas es un flagrante atentado a la independencia de esta alta corte.
En cuanto a las restricciones presupuestarias y las represalias políticas consideró que constituyen atentados a la independencia de los jueces, así como las campañas de descrédito realizadas a través de las redes sociales y la fabricación de expedientes contra jueces por razones político-partidarias y manifestó que esos hechos deben ser condenados.
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