Quizás no sea semánticamente una campaña en el sentido de una acción concertada hacia un deliberado objetivo, pero es innegable que la República Dominicana está nuevamente sometida a fuertes presiones internacionales por la aplicación de su política migratoria.
Todos los esfuerzos de reordenamiento legal y humano hechos por el Gobierno dominicano, especialmente en lo relativo al programa de regularización, no han bastado para detener las continuas críticas y cuestionamientos, algunos de ellos sustentados en información distorsionada o carente de veracidad.
El alegre alcalde de Nueva York, Bill De Blasio y el primer ministro haitiano, Evans Paul, han dado ante el mundo su voz de alarma por lo que consideran una crisis humanitaria por las repatriaciones, que no han comenzado propiamente, pues hasta ahora solo se han producido retornos voluntarios de aquellos que quedaron fuera del plan.
La Junta Central Electoral (JCE) acaba de publicar en la prensa una extensa lista con los nombres miles de personas a las que se invita a pasar por las oficialías del Estado Civil para recoger su acta de registro de inscripción que les acredita como dominicanos, en virtud de la ley número 169-14.
En otras palabras, estamos en presencia de resultados concretos para reconocer los derechos quienes habían nacido en el país y no habían podido obtener sus documentos por las precariedades con que se manejaba el Registro Civil, y nada de eso parece comprenderse en su justa medida ante la comunidad internacional.
El Registro de extranjeros costará al golpeado contribuyente dominicano unos dos mil millones de pesos, en un país donde aún tenemos deficiencias y metas incumplidas en renglones de servicios básicos y todo esto, que equivale a un sacrificio económico inmenso, tampoco se reconoce.
En medio de ese panorama, el país está sometido a un fuerte asedio de quienes entienden que no hemos sido lo suficientemente solidarios frente al pueblo haitiano, mientras el Gobierno recibe fuertes presiones y amenazas de desestabilizar la economía nacional, invitando al turismo extranjero a no venir a nuestro territorio. Esto es totalmente injusto e inadmisible.
En su discurso ante la cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en Guatemala, el presidente Danilo Medina fue enfático al defender la política migratoria, como dijo la ejercen con independencia y soberanía Estados Unidos y la Unión Europea. A continuación afirmó para que no quedara dudas al respecto: “No vamos a permitir que continúe, de manera impune, esa campaña sucia y de descrédito. Tampoco vamos a plegarnos a las acusaciones de racismo y al chantaje de posibles sanciones internacionales bajo acusaciones falsas”.
Como país libre y soberano, la República Dominicana tiene perfecto derecho a aplicar sus regulaciones migratorias y en cualquier otro orden interno, pero como hemos dicho y no nos cansaremos de repetir, el proceso debe hacerse con el debido cuidado y con estricto respeto a los derechos humanos.
Pero más que eso, con sentido humanitario porque se trata de seres humanos, de hermanos estremecidos por el infortunio y ante los cuales no podemos ser indiferentes e insensibles, porque una persona no puede ser vista o tratada tan solo como un número o una ecuación fría y distante, no importa su color, su origen, nacionalidad o condición social.