En los últimos años, República Dominicana ha vivido una transformación política marcada por escándalos de corrupción, protestas ciudadanas y una alternancia de poder que rompió con décadas de hegemonía partidaria.
Santo Domingo.– Según un estudio de Global State of Democracy Initiative de International IDEA, en la última década, la República Dominicana ha pasado por una de sus etapas políticas más difíciles en los últimos diez años.
Con casos de corrupción, problemas en las elecciones, protestas masivas y el fin de casi 20 años de control de un mismo partido, han cambiado el panorama político.
Aunque se han hecho reformas importantes, muchas personas siguen sin confiar en las instituciones, y hay una clara distancia entre los líderes políticos y las necesidades de la gente. El país avanza, pero todavía enfrenta muchas dudas y desafíos.
La última década ha estado marcada por inestabilidad política y escándalos de corrupción. En 2017, el caso Odebrecht generó fuertes protestas bajo el Movimiento Marcha Verde, que exigía justicia, transparencia y límites al poder presidencial.
En 2020, fallos en el sistema de voto electrónico durante las elecciones municipales provocaron una crisis institucional. Ese mismo año, las elecciones presidenciales pusieron fin a casi 20 años de dominio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Desde entonces, el nuevo gobierno ha impulsado reformas para:
Entre los avances más importantes están el nombramiento de una fiscal especial para investigar a exfuncionarios, leyes para recuperar bienes públicos y supervisión más estricta del gasto estatal.
En octubre de 2024, el Congreso aprobó importantes reformas constitucionales que incluyen:
Si bien estas reformas buscan fortalecer la democracia, organizaciones de la sociedad civil criticaron la falta de consultas públicas.
De cara al futuro, los principales retos para la República Dominicana incluyen:
Las reformas muestran voluntad de cambio, pero no serán suficientes si no van acompañadas de una mayor participación ciudadana, transparencia real y políticas que respondan a las demandas sociales.
El país necesita cerrar la brecha entre instituciones y ciudadanía, y asegurar que el desarrollo político se traduzca en una democracia más justa, inclusiva y sostenible para todos.