La economía crece.
SATO DOMINO, República Dominicana.- El narcotráfico y la inseguridad ciudadana fueron dos de los principales problemas para la República Dominicana en 2010, con una economía que creció un siete por ciento en un año marcado por unas elecciones que dieron al oficialismo el control casi absoluto del Parlamento.
La agenda para este año del país caribeño incluyó, además, la promulgación de una nueva Constitución, que entre sus puntos relevantes prohíbe la reelección presidencial consecutiva y, a decir de sus defensores, amplía el abanico de derechos ciudadanos.
República Dominicana continuó en 2010 con el desarrollo de grandes obras, como la segunda línea del metro de Santo Domingo, la construcción de viaductos en el centro de la capital y el establecimiento de grandes centros comerciales y torres de apartamentos.
Esa solidez en el campo de las inversiones locales y foráneas, que incluye sectores vitales como el turismo, contrasta, sin embargo, con la desigualdad y exclusión social que sufre una buena parte de los dominicanos, según destaca el Índice de Desarrollo Humano de 2010 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Ese informe asegura que el 24 por ciento de los diez millones de dominicanos vive o está cerca de hacerlo en condiciones de pobreza extrema, lo que indica que esa población sobrevive con un máximo de 1,25 dólares al día.
Los datos reflejan una gran disparidad con respecto al crecimiento sostenido de la economía dominicana, que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) crecerá un 7 por ciento en 2010, por encima de lo pronosticado para América Latina.
Las autoridades locales aseguran que sectores como la construcción y el comercio liderarán ese crecimiento con niveles del 14,5% y 12,3%, respectivamente, seguidos por el 10,2% de las comunicaciones y el 9,7% de las operaciones bancarias.
Esos parecen ser los puntos más luminosos del país en 2010, puesto que el narcotráfico y la inseguridad ciudadana han resultado muy difíciles de combatir por las autoridades, que por momentos parecen desbordadas por esos flagelos.
El país, según sus propias autoridades, continúa siendo utilizado por el narcotráfico internacional como puente al mercado consumidor de Estados Unidos y Europa.
La embajada de EE.UU. en Santo Domingo admitió recientemente la influencia del narcotráfico en la economía domincana, aunque aclaró que el mal también está en otros países de la región.
La legación destacó la seriedad del problema, al afirmar que sus tentáculos alcanzan a sectores como el turismo y la agricultura.
La justicia dominicana acaba de enviar a juicio de fondo a los ocho acusados de pertenecer a una red internacional de narcotráfico y lavado de activos que encabezaba el puertorriqueño José Figueroa Agosto, apresado en su país en julio pasado, tras escapar de la persecución en República Dominicana, donde se mantuvo durante diez años operando sin mayores problemas.
El ex fugitivo también es acusado de ordenar la muerte de algunos de quienes las autoridades afirman fueron sus más cercanos colaboradores en el país.
Al narcotráfico se atribuye también el surgimiento de las muertes por encargo, un espeluznante sistema que ya ha causado el dolor a varias familias y sembrado el terror en la propia sociedad.
Uno de los casos más sonados relativos a esa modalidad criminal fue el del abogado y comunicador dominicano Jordi Veras, cuyo asesinato fue encargado por un empresario condenado a 20 años de prisión por ordenar la muerte también de su ex esposa.
La mujer, al igual que Veras, escapó de la muerte, aunque este último sufrió la pérdida del ojo derecho al recibir dos impactos de bala en la cara.
Por otra parte, el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), resultó el gran vencedor de las elecciones legislativas y municipales de mayo, al asegurarse 31 de los 32 escaños del Senado y una mayoría relativa en la Cámara de Diputados.
Los resultados de las votaciones, que sus defensores atribuyen a la «buena» situación del país, y sus detractores a la «masiva» utilización de los recursos del Estado en la campaña electoral, dejaron al principal opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), sin representación en el Senado, y consolidaron el liderazgo del presidente dominicano, Leonel Fernández.
