El domingo 19 de mayo tendrá lugar la décimo tercera elección presidencial competitiva desde la transición democrática de 1978. Este no es un hecho menor en un país que tiene un telón de fondo histórico marcado por dictaduras, la última de las cuales duró treinta y un años (1930-1961), períodos de caos e inestabilidad e intervenciones extranjeras. Una historia caracterizada también por la violencia política, los golpes de Estado y los fraudes electorales.
Se toma 1978 como punto de partida pues las tres elecciones que le antecedieron tras la crisis de 1965 y la intervención militar de Estados Unidos no fueron propiamente competitivas. La de 1966 se llevó a cabo con la presencia de las tropas extranjeras y con un candidato -Joaquín Balaguer- favorito de las fuerzas de ocupación como muestra Bernardo Vega en su libro Cómo los americanos ayudaron a colocar a Balaguer en el poder en 1966, mientras que las de 1970 y 1974 se realizaron sin oposición política debido a las fuertes restricciones a las libertades públicas y el hostigamiento, incluso de tipo militar, que esta recibió desde el poder. Todavía en las elecciones de 1978 los militares salieron a recorrer calles y caminos con las banderas del partido gobernante, lo que causaba miedo e intimidación.
No obstante, a pesar de estos problemas, en esa coyuntura ya había una oposición articulada, sectores empresariales y sociales suficientemente fuertes a favor del respeto a la voluntad popular y un ambiente internacional más favorable a la transición democrática con el gobierno del presidente Jimmy Carter en Estados Unidos y una Internacional Socialista fuerte a la cual pertenecía el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Hay que darle el crédito que merece el Dr. José Francisco Peña Gómez por haber diseñado una estrategia exitosa para lograr la transición política hacia la democracia por la vía electoral, lo que constituyó un incentivo fundamental para que en poco tiempo desapareciera la violencia política en el país. Esto hizo posible que, aunque a regañadientes, el presidente Balaguer y los militares que intentaron subvertir la voluntad popular tuvieran que reconocer el triunfo del candidato del PRD y las fuerzas aliadas, Antonio Guzmán, y así dar lugar a la primera transferencia pacífica de mando de un partido a otro en la historia dominicana.
Desde ese tiempo a esta parte, la historia político-electoral no ha estado exenta de problemas y desafíos, muestra de lo cual fue la coyuntura de 1994 en la que, según un informe de una comisión independiente, se dislocaron decenas de miles de votantes de sus colegios electorales, lo que les impidió ejercer su derecho al voto en perjuicio del candidato del PRD y el denominado Acuerdo de Santo Domingo, Dr. Peña Gómez. Esa fue una coyuntura difícil, agravada por la tensión que generaba la crisis política en Haití tras el golpe de Estado al presidente Jean-Bertand Aristide, pero que terminó resolviéndose con una negociación política y una reforma constitucional que, si bien no satisfizo a todos los actores, especialmente al PRD, preservó la estabilidad y la gobernabilidad del sistema político dominicano. La experiencia de 1994 aceleró cambios normativos e institucionales que contribuyeron a hacer avanzar y consolidar el proceso democrático en nuestro país.
Durante el período que abarca desde 1978 hasta el presente, los principales partidos políticos han ganado elecciones y ascendido al poder, un rasgo distintivo, aunque no el único, de un sistema político democrático. En este sentido, puede decirse que en la República Dominicana ha habido una efectiva circulación de las élites políticas, según la terminología del sociólogo italiano, nacido en Francia, Vilfredo Pareto. En todo este tiempo no ha habido golpes de Estado ni rupturas democráticas ni impedimento para que los triunfadores en las elecciones asciendan al poder.
Por supuesto, no todo es color de rosa. No puede negarse la existencia de debilidades institucionales, incluyendo en el ámbito electoral, pero estas debilidades no pueden hacernos perder de vista lo que hemos logrado como sociedad. En este aspecto, cuando se compara la República Dominicana con países de nuestro entorno regional, es evidente que, en balance, salimos con muchos mayores logros. Esto es algo que se ha construido poco a poco, con el concurso de múltiples actores, por lo que no es la obra de un solo partido ni de un solo líder ni de este o aquel período de gobierno, sino de una sociedad y un liderazgo político que han apostado por la democracia, aun en situaciones de grandes tensiones y conflictos.
Un factor clave en esta historia moderna de estabilidad y gobernabilidad democrática ha sido el sistema de partidos políticos que ha tenido la República Dominicana, el cual contó en su momento fundacional con líderes históricos que cualquier sociedad similar a la nuestra envidiaría tener. El gran constructor de partidos políticos fue el profesor Juan Bosch, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que los cuatro principales partidos políticos del país tienen una matriz boschista.
A pesar de esta historia de éxito político -no hay otra manera de llamarla-, no puede pasarse por alto que cada vez más se percibe un debilitamiento de los partidos políticos o, al menos, un mayor desapego o falta de entusiasmo de la ciudadanía con estos, lo cual ha comenzado a manifestarse en porcentajes mayores de abstención electoral, especialmente en los grandes centros urbanos, como sucedió en las pasadas elecciones municipales. Ya comienza a hablarse, incluso, de una crisis de representación política. No es casual que el llamado a votar se ha convertido en sí mismo en una consigna política, pues es la manera de imprimirle mayor competitividad a las elecciones, tanto presidencial como congresual. Todo parece indicar, sin embargo, que el desafío va mucho más allá de la presente coyuntura electoral, lo que significa que los partidos políticos, soportes del sistema democrático y articuladores de voluntades colectivas, tendrán que plantearse seriamente el objetivo de fortalecerse y seguir siendo los canales legítimos de la participación política.
Estas nuevas elecciones constituyen una oportunidad de reafirmación democrática para continuar en la trayectoria de estabilidad y gobernabilidad que se acerca ya a los cincuenta años. Hay motivos para celebrar como sociedad, pero también hay señales que vienen de ella misma que obligan a plantear la necesidad de revitalizar los partidos políticos, al tiempo de continuar con el proceso de fortalecimiento institucional, tanto en el ámbito electoral como en el resto del sistema constitucional.
