Santo Domingo.– El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional recesó este lunes la audiencia preliminar del caso Calamar, luego de ser notificado que el imputado Rafael Calderón fue sometido a una intervención quirúrgica que le impide presentarse ante el tribunal.
La jueza dispuso el receso hasta que se cumplan los días de licencia médica correspondientes y el exsenador pueda reintegrarse al proceso.
Durante la audiencia, las partes explicaron que Calderón venía asistiendo a las sesiones anteriores pese a su visible deterioro de salud.
Expresó uno de los abogados presentes, valorando su actitud previa y aclarando que no cuestionan la condición médica del imputado.
La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, insistió en que lleva «semanas lista» para iniciar su presentación formal ante el tribunal.
«Hemos esperado pacientemente un año y medio nuestro turno para defendernos (…) Estamos listos hace tiempo para conocer este proceso», señaló una de las abogadas, reiterando que los retrasos no provienen de su cliente.
El equipo legal también reafirmó su propuesta de habilitar un día adicional de audiencia por semana. «Si no se añade un día, no vamos a terminar.
Los fiscales Melbin Romero y Arolin Lemos informaron que el Ministerio Público tomó conocimiento formal de la cirugía de Calderón breves minutos antes de la audiencia.
Indicaron que respetan el estado de salud del exsenador, pero reiteraron que el caso lleva casi dos años en preliminar y debe avanzar.
El órgano acusador expresó que, una vez se cumplan los siete días de licencia médica, no tendrán objeción en continuar de inmediato.
El Ministerio Público también se adhirió a la petición de habilitar un día adicional de trabajo a la semana, al señalar que es la única forma realista de concluir esta fase en un plazo razonable.
Según expresaron las partes en sala, Calderón podría reintegrarse alrededor del 9 de diciembre, fecha en que solicitarán formalmente retomar el proceso.
El caso Calamar involucra a 46 personas físicas y jurídicas y acusa a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo de integrar una estructura dedicada al desvío de fondos públicos mediante expropiaciones irregulares, sobornos y otras maniobras ilícitas.