El discurso cargado de odio y xenofobia que grupos minúsculos de fanáticos y comunicadores irresponsables difunden hace varios años ha calado tanto en algunos sectores que ya hasta consideran herético que los oradores de las Siete Palabras del Viernes Santo hayan reclamado una actitud compasiva y respetuosa hacia los inmigrantes de la vecina y desafortunada nación haitiana.
El fanatismo y a irracionalidad llegan al extremo de que, aunque se dicen cristianos, reniegan del supremo mandato del cristianismo, de amor y solidaridad entre los seres humanos, y desconocen los numerosos pronunciamientos del Papa Francisco, de los obispos dominicanos y de su Pastoral para los Inmigrantes y Refugiados, que insisten en el respeto a los derechos humanos y la necesidad de promover encuentros y concertaciones para la convivencia y el bienestar de los dos pueblos de la isla.
Debemos celebrar que varios de los oradores, como el vicario de la pastoral de adolescencia y juventud, Miguel Angel Amarante, y el párroco de la Iglesia Santo Cura de Ars, Nelson Acevedo, aprovecharan el gran escenario para rechazar con firmeza y sin temor el discurso del odio y la xenofobia y el tráfico y la explotación de seres humanos, reclamando respeto para los inmigrantes, sin dejar de reconocer las imprescindibles regulaciones y limitaciones. No hicieron más que seguir las decenas de llamamientos del Papa Francisco sobre la misericordia y solidaridad y tratamiento de seres humanos con que deben ser acogidos los inmigrantes y refugiados.
Los que impugnan a esos sacerdotes, olvidan ex profeso la exhortación del Papa Francisco a los obispos dominicanos en ocasión de su visita «Ad Límina Apostolorum» del 28 de mayo del 2015: «La atención pastoral y caritativa de los inmigrantes, sobre todo a los provenientes de la vecina Haití, que buscan mejores condiciones de vida en territorio dominicano, no admite la indiferencia de los pastores de la Iglesia». Y refiriéndose a los desnacionalizados descendientes de extranjeros nacidos en el país: «Es necesario seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos».
Esa firmeza debe ser imitada por las autoridades y todos los participantes en el debate nacional, para asumir las relaciones con los haitianos «con una comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza», como también expresó el Papa Francisco el 16 de enero del 2017.
El discurso constructivo incluye el abogar sistemáticamente por la adopción y aplicación de las normativas necesarias para limitar el excesivo flujo de haitianos, incentivado por el mismo Estado y los empresarios que se lucran con una mano de obra excedente, de baja retribución, sin seguridad social ni capacidad para reclamar límites de horarios o de días laborables, y que degrada el salario nacional.
Debemos reclamar al gobierno que prohíba la contratación de obreros en las obras públicas y que se cumpla el límite del 20% de trabajadores extranjeros al menos en la agricultura y la construcción financiada o con incentivos, que reduzca los 56 funcionarios consulares y 46 diplomáticos designados en Haití, mucho de ellos dedicados a tráficos indecorosos, y que controle el tráfico humano por la frontera.
Hay que exigir a los empleadores que faciliten la regularización de los trabajadores que necesiten, y luego sancionar severamente a quienes empleen indocumentados, promover que dejemos de buscar haitianos y haitianas para trabajo doméstico, vigilantes y chiriperos. Todo esto para establecer una racional política de control migratorio.
Lo que no debemos es proseguir el sendero del odio que acaba de reproducir en Pedernales el tenebroso ku-klux-klan, cuando encapuchados quemaron casuchas de haitianos. El mismo odio que ha generado primitivismos en la línea noroeste y el nordeste y que hace tres años colgó en un parque de Santiago a un joven limpiabotas haitiano, sin que hasta ahora ninguna autoridad haya expresado siquiera una sanción verbal.-