Por: Pavel De Camps Vargas
En la República Dominicana, el impacto de las redes sociales en el ámbito político ha trascendido más allá de una simple tendencia. Con un impresionante 85.2% de la población con acceso a internet y un con más del 79.6% de usuarios activos en redes sociales mayores de 18 años, estas plataformas se han convertido en un campo de batalla crucial para la democracia y la participación ciudadana.
Resulta sorprendente que, en un escenario político con nueve candidatos presidenciales, solo uno haya presentado, aunque de manera incompleta, su programa de gobierno. Esta situación evidencia una oportunidad desaprovechada por los demás contendientes, considerando el papel significativo que internet y las redes sociales juegan en la formación de opiniones y en la movilización del electorado.
La presencia digital de los candidatos no es solo una herramienta de difusión; es un puente directo para interactuar con los ciudadanos, responder a sus inquietudes y construir una relación más cercana y transparente con el electorado. La utilización efectiva de estas plataformas para socializar propuestas gubernamentales es esencial no solo para informar a los votantes, sino también para fomentar un debate político saludable y constructivo.
Sin embargo, este escenario digital no está exento de desafíos. La desinformación y la información errónea, identificadas por el Foro Económico Mundial de 2024 como el segundo mayor riesgo global, representan una seria amenaza para la confianza pública y la cohesión social. Estos problemas, capaces de profundizar las divisiones políticas, podrían socavar procesos críticos como las elecciones, intensificando la polarización social en un contexto pospandémico marcado por desafíos económicos y falta de oportunidades.
La influencia de la desinformación y la polarización social en las elecciones municipales, congresionales y presidenciales de 2024 en la República Dominicana, se manifiesta en diversos frentes: desde campañas de desinformación destinadas a manipular la opinión pública hasta una polarización que dificulta la búsqueda de soluciones bipartidistas y disminuye la confianza en las instituciones electorales. Además, afecta la participación electoral y obliga a los candidatos a adaptar sus estrategias de campaña para combatir la desinformación y abordar la polarización, con un impacto significativo en la calidad de las políticas públicas.
En este contexto crucial, es imperativo que ciudadanos, partidos políticos, medios de comunicación y autoridades electorales colaboren estrechamente para promover la información precisa, el respeto por las diferentes opiniones y la integridad del proceso electoral. La República Dominicana, al borde de unas elecciones clave en 2024, se encuentra en un momento decisivo. La forma en que los actores políticos y la sociedad en general aborden estos retos digitales podría redefinir el panorama político del país y establecer un precedente para futuras democracias en la era digital.
El desafío es claro: navegar en el complicado mar de la información digital con responsabilidad y visión de futuro, garantizando que la era de la política digital se convierta en un vehículo para la democracia participativa y no en un instrumento de división y desinformación. La República Dominicana tiene la oportunidad de ser un modelo a seguir en cómo las redes sociales y el internet pueden ser utilizados para fortalecer la democracia, promover la participación ciudadana y asegurar elecciones libres, justas y transparentes.
El camino hacia las elecciones de 2024 será, sin duda, un viaje fascinante y revelador, uno que no solo determinará el futuro político de la República Dominicana, sino que también ofrecerá lecciones valiosas sobre el poder y los peligros de la política en la era digital. En este nuevo mundo, donde la información es tan accesible como potencialmente engañosa, la responsabilidad recae tanto en los líderes políticos como en cada ciudadano, para forjar un futuro democrático más fuerte y unido.