SANTO DOMINGO.- La regularización del trabajo doméstico en el país abre una serie de interrogantes en torno a los aspectos legales que sustentan las tres resoluciones con las que se formalizará el oficio, de acuerdo con diversos sectores.
Para algunos abogados especializados en derecho laboral, la inclusión de las trabajadoras domésticas cuyo estatus migratorio es irregular, presume un reto para que cumpla la disposición estipulada en la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social.
Según el especialista en derecho laboral Miguel Cabrera, el pago adicional de 570 pesos que los empleadores deberán pagar ante la tesorería de la seguridad social, pudiera provocar que muchas mujeres que se dedican a este oficio queden sin empleo.
Ante las interrogantes, la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (Fenamutra), Ruth Díaz, aclaró que todas las personas que posean un tipo de documentos podrán ser incluidos por sus empleadores, al tiempo que aclaró que las resoluciones están sustentadas en el Convenio 89 de la Organización Internacional del Trabajo.
Mientras que algunas mujeres que se dedican a este oficio, valoraron el contar con una herramienta legal que haga valer sus derechos.
Además de la resolución de la Consejo Nacional de la Seguridad Social, está la del Comité Nacional de Salarios que fija en 10 mil pesos mensuales el sueldo mínimo del trabajador doméstico y la del Ministerio de Trabajo que establece las horas de trabajo y descanso.
Estas tres resoluciones entrarán en vigencia pasado los 90 días tras su publicación en los medios de comunicación.
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