Asumida la reforma fiscal progresiva como reforma de ingresos y gastos del Estado con el propósito de reducir desigualdades y mejorar las condiciones y calidad de vida de la pobrecía, ella necesariamente debe relacionarse con otras reformas dotadas de parecidos objetivos en áreas y vertientes cargadas de injusticias, grandes déficits y agudos desequilibrios.
Entre ellas es necesario abordar con ese espíritu todo lo relacionado con código laboral, régimen salarial y regulación de precios y mercados.
Está claro, que tanto para que el aumento del salario real sea sostenido, como para mejorar las condiciones de vida del pueblo de manera estable, hay que contrarrestar la carestía y regular los precios de productos y servicios de primera necesidad a cargo del sector privado.
Igual también se requiere mejorar las condiciones de trabajo y el hábitat urbano o rural, prevención y atención de la salud en el trabajo y en el hogar, y elevar la formación técnica-profesional de todos/as trabajadores/as.
La reforma al Código Laboral debería, junto a la reducción de las ganancias patronales y a una política salarial menos cruel, recuperar la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas, consagrada en la Constitución de 1963, y preservar y ampliar a la vez todo lo conquistado. Debería, además, reincorporar los contratos colectivos de trabajo
La reforma fiscal se relaciona también con la reforma a la seguridad social y al sistema de pensiones, porque -dados los enormes recursos que sustraen los bancos a través de sus parasitarias ARS y AFP privadas y del precario sistema de seguridad social y pensiones brindados al pueblo trabajador- hay que revisar y aumentar los aportes de capital de las grandes empresas privadas y del propio estado.
Igual hay que reducir los abultados, superpuestos y fragmentados gastos administrativos; lo que exige una reforma a fondo en el sector, que debe tender a eliminar las intermediarias privadas y a fortalecer y ampliar SENASA.
Cuando se habla de aumentar la cantidad y calidad del gasto, la salud y la educación ameritan reformas profundas, que al menos amplíen y mejoren la cobertura pública y el acceso a ellas del pueblo empobrecido; y reduzcan y reviertan progresivamente las áreas de esos servicios convertidas en negocios privados muy caros, altamente lucrativos y moralmente degradados.
La salud y la educación SON DERECHOS y, por tanto, proceden planes que fortalezcan su condición de servicios públicos universales de calidad, con amplia cobertura y profundo carácter social.
Mientras perdure el negocio privado, éste debe ser regulado en ambos sectores.
El objetivo fundamental de UNA REFORMA A UN SISTEMA DE SALUD, financiado por el pueblo (vía presupuesto nacional y otros aportes, basado además en continuos avances de la ciencia y la tecnología, es prevenir y evitar las enfermedades y, cuando éstas se presentan, curarlas sin convertirlas en mercancías y fuente de altas ganancias privadas
En materia de salud es vital el predominio de lo social.
Por su parte, la ENSEÑANZA DEBE SER LAICA Y BASADA EN LA CIENCIA, separada de la religión, libre de ideología patriarcal, de racismo y otras discriminaciones.
La reforma educativa ahora debería concentrarse en la calidad del gasto, en dirección a la calificación del personal docente, al mejoramiento de las bases tecno-científicas de la enseñanza y del instrumental de la enseñanza.
Debería incorporar métodos formativos y temas que enseñen a pesar y a defender los derechos de todos los seres humanos: mujeres, hombres, jóvenes, adultos/as, niños/as y adultos mayores.
Que creen conciencia sobre la igualdad en las relaciones de género, sobre el vínculo alimentación y salud.
Que eduquen sexualmente y ayuden a combatir y a superar toda negación de derechos.
Requiere completar y diversificar los contenidos de la enseñanza de la tanda extendida, mejorar la ración alimenticia, vincular los centros de estudio al deporte, a la creación artísticas, a la formación técnica y a la relación amigable con el medio ambiente y la defensa de los valores de la naturaleza no humana.
La reforma educativa debe apoyarse en concepciones éticos morales que fortalezcan la honestidad colectiva y la adquisición de conocimientos científicos.
Debe apoyarse en orientaciones que respondan a las necesidades del desarrollo integral de nuestro país, a la salud moral de la sociedad, al bienestar económico-social, a la justicia y la equidad social.